Con poco más de cinco meses por delante en su gobierno, el presidente Gustavo Petro volvió a poner el sistema de salud colombiano en la cuerda floja. En un Consejo de Ministros televisado el pasado lunes, anunció que liquidaría todas las EPS que estén quebradas, una decisión que afectaría directamente a casi 24 millones de personas. "Que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera. Ya no tenemos alternativas: el Congreso no aprobó la reforma, ya no queda sino este último trato. Esa reforma se presentará de nuevo el 20 de julio", expresó Petro a sus ministros de Hacienda y Salud.

El problema es que nadie sabe bien a cuáles EPS se refiere. Según Giovanni Jiménez, investigador de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la palabra "quebrada" no existe en las leyes que regulan la salud en Colombia. Lo más parecido sería cuando una aseguradora tiene patrimonio negativo, pero eso incluiría casi todas las EPS. "Así como lo dijo, serían las que él considere que están quebradas, entonces terminará siendo algo subjetivo del Ejecutivo", advierte Jiménez. Por su parte, el exministro de Salud Alejandro Gaviria también cuestionó la falta de claridad: Petro "no fue claro en indicar cuáles son".

Aquí empieza el verdadero problema. Si Petro liquida varias EPS, ¿dónde van sus millones de afiliados? El gobierno dice que las EPS que sobrevivan los recibirán. Pero eso es como echar agua en un vaso que ya está al borde del desbordamiento. Las EPS actuales están en crisis porque por cada 100 pesos que reciben gastan hasta 115, según datos de las propias aseguradoras. Trasladar más pacientes sin aumentar los recursos solo aceleraría el colapso.

Lo más preocupante es lo que ya está pasando en los hospitales. Según Gaviria, cuando hay incertidumbre sobre si una EPS va a desaparecer, las clínicas temen no ser pagadas. Por eso empiezan a pedir dinero anticipado y a restringir servicios. "Cuando se genera incertidumbre, los problemas aumentan inmediatamente", advierte el exfuncionario. Giovanni Jiménez añade que los prestadores de servicios y los vendedores de medicamentos también tendrán miedo de perder dinero si liquidan una EPS, lo que generará "más restricciones en los acuerdos de servicios de salud y entrega de medicamentos a los pacientes".

Legalmente, liquidar una EPS tampoco es cosa fácil. Se necesita que la Superintendencia de Salud haga una visita, justifique la decisión con un acto administrativo y luego cumpla con un debido proceso que puede tardar varios meses. Y cuando una EPS se liquida, deja deudas enormes. Cifras de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas muestran que 44 EPS ya liquidadas deben 2,36 billones de pesos a hospitales de todo el país. Medidas y Coomeva fueron las que más debieron: 515 mil millones y 338 mil millones, respectivamente.

Ambos expertos ven en el anuncio de Petro un guiño electoral. Gaviria lo describe como "una improvisación que tiene un intento por buscar culpables y construir un relato eficaz para decir que intentaron salvar el sistema, pero no los dejaron". Sea como sea, mientras el presidente sigue hablando de liquidaciones, los hospitales cierran las puertas a nuevos pacientes de EPS, los medicamentos escasean y millones de colombianos quedan atrapados en un sistema que cada vez funciona peor.