La disputa sobre el incremento del avalúo catastral tocó fondo esta semana cuando el presidente Gustavo Petro cruzó una línea roja contra los alcaldes y gobernadores del país. En un consejo de ministros realizado en Ipiales, el mandatario fue contundente con su advertencia: "Si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar". Según Petro, la responsabilidad de aliviar la carga financiera que genera el nuevo Catastro Multipropósito recae exclusivamente en los alcaldes y concejos municipales, quienes tienen la potestad legal de ajustar las tasas del impuesto predial en sus territorios.

La reacción de los entes territoriales fue inmediata y de rechazo total. Asocapitales y la Federación Nacional de Departamentos denunciaron lo que consideran una presión indebida del Ejecutivo que viola la autonomía que la Constitución Política les reconoce. Los mandatarios regionales sostienen que el aumento desmedido del avalúo catastral tiene su origen en la Resolución 2057 de 2025 expedida por el Gobierno Nacional, no en decisiones de los gobiernos locales. En departamentos como Santander y el Cesar, donde los bloqueos y movilizaciones por este tema han paralizado vías durante abril de 2026, la amenaza presidencial de llevar a juicio a alcaldes que no resuelvan el problema en 15 días ha elevado la tensión al máximo.

Expertos en derecho constitucional han sido claros en señalar que el presidente de la República no posee facultades legales directas para destituir o encarcelar mandatarios locales. Esas atribuciones corresponden exclusivamente a la Procuraduría General de la Nación y a la rama judicial. Lo que sucede es que la confrontación entre el Gobierno Nacional y los territorios refleja un fondo común: mientras el Ejecutivo insiste en que el objetivo del catastro es que los grandes terratenientes paguen lo que realmente deben, la ciudadanía y los gobiernos locales reclaman que los nuevos avalúos han convertido propiedades en "ricos de papel" con impuestos imposibles de pagar.

Mientras tanto, la economía regional sangra. Los gremios empresariales calculan pérdidas millonarias por la paralización vial en varios departamentos, y reportan problemas de desabastecimiento de alimentos y productos básicos. La crisis ha rebasado lo fiscal y se ha convertido en una pugna de poderes que amenaza la gobernabilidad territorial en un momento crucial para el país.