El presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia que sacude el sistema de salud colombiano: las EPS en quiebra serán liquidadas sin más alternativas. El anuncio, hecho durante un Consejo de Ministros, marca un punto de inflexión en cómo el Gobierno enfrentará la crisis de entidades que llevan años batallando con déficits financieros y, lo más grave, dejando pacientes sin acceso a medicamentos y tratamientos.

"Todas las que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera. Ya no tenemos alternativas", fue la expresión contundente del mandatario. Detrás de esas palabras hay historias de colombianos como Jeisson Javier Pinzón Sandoval, un joven de apenas 20 años con leucemia linfoblástica aguda que falleció tras meses esperando un medicamento. Casos así exponen la magnitud de las fallas que han caracterizado a estas entidades.

El impacto de esta decisión sería monumental. Alrededor de 23 millones de colombianos están afiliados a EPS que fueron intervenidas o están en crisis. Entre ellas está Nueva EPS con 10,8 millones de usuarios, Coosalud con 3,2 millones, Famisanar con 2,9 millones, Asmet Salud con 1,8 millones, Emssanar con 1,7 millones, Savia Salud con 1,6 millones, Servicio Occidental de Salud con 750 mil y Capresoca con 170 mil afiliados. En otras palabras, casi la mitad del sistema de salud del país estaría en juego.

El Gobierno sostiene que no puede asumir las deudas de estas entidades, que rondan los 16 billones de pesos, porque eso comprometería la estabilidad de las finanzas públicas. La posición es clara: el Estado no será rescatista de una industria que llegó a este punto por problemas de gestión y falta de regulación adecuada.

Pero aquí está el nudo del problema: liquidar varias EPS simultáneamente podría traducirse en un caos para los pacientes. Los tratamientos se interrumpirían, los medicamentos llegarían con retrasos aún mayores de los que ya hay, y muchos colombianos tendrían que afrontar más barreras para acceder a la salud en un país donde ese derecho ya es una batalla diaria. Los datos del Observatorio Financiero de Así Vamos en Salud muestran que estas entidades operan bajo presión crítica. Famisanar, por ejemplo, registra un patrimonio negativo de cerca de 3,1 billones de pesos.

El efecto no se limitaría a los pacientes. Clínicas y hospitales dependen del flujo de dinero que estas EPS envían, así que una afectación en los pagos comprometería la prestación de servicios y eliminaría empleos en el sector salud. En un país donde el desempleo ya es preocupante, eso representaría otro golpe más.

Mientras tanto, el Gobierno anunció que presentará nuevamente la reforma a la salud el próximo 20 de julio, en lo que será un momento político clave. La pregunta que todos se hacen es qué pasará con esos millones de colombianos mientras se define el futuro del sistema. Por ahora, la incertidumbre sigue siendo la única certeza.