El presidente Gustavo Petro no se quedó con los brazos cruzados ante la ola de protestas que tiene a Santander al borde del colapso por el aumento del impuesto predial. Durante un consejo de ministros, el mandatario lanzó una advertencia que sonó fuerte: los alcaldes y gobernadores que no bajen las tarifas del predial "tendrán que responder ante la justicia". Aunque aclaró que la decisión final no sería suya sino de los órganos de control, dejó claro que la Constitución autoriza remover a autoridades locales cuando se altera el orden público.

La tensión es palpable en ciudades como Bucaramanga, donde bloqueos estratégicos en vías como la del Aeropuerto Internacional Palonegro llevan varios días complicando la movilidad y el abastecimiento. Los campesinos protestan por los aumentos dramáticos en los avalúos de sus propiedades, tanto rurales como urbanas, lo que disparó las facturas del predial para miles de propietarios que ven cómo sus impuestos se multiplicaron.

El Gobierno sostiene que la actualización catastral no es un capricho sino una obligación legal derivada del Acuerdo de Paz de 2016, que contempla la modernización del catastro rural para mejorar la tributación en el campo. Sin embargo, Petro fue claro en un punto clave: "Son los alcaldes quienes pueden presentar acuerdos para bajar la tasa del predial a la población trabajadora". Esto significa que aunque el Instituto Geográfico Agustín Codazzi realizó la actualización de los avalúos, los concejos municipales son quienes tienen la potestad de ajustar las tarifas finales.

Desde las regiones, algunos mandatarios se han defendido argumentando que el IGAC, entidad nacional, fijó los nuevos avalúos y que simplemente no tuvieron tiempo suficiente para hacer los ajustes en las tarifas. Mientras tanto, la primera jornada de la mesa de diálogo en Bogotá, donde se reúnen delegados del Gobierno, autoridades territoriales y voceros campesinos, terminó sin acuerdos y con bastante tensión en el ambiente.

Petro también pidió levantar inmediatamente los bloqueos y amenazó con que la fuerza pública garantizará el abastecimiento de alimentos si las restricciones continúan. En paralelo, anunció que habrá reuniones con autoridades locales para buscar una salida institucional que alivie el impacto sobre campesinos y sectores vulnerables. Los manifestantes, por su parte, mantienen firme su demanda: revisar los nuevos avalúos y congelar el cobro del impuesto mientras se rediseña el mecanismo completo.