La tensión entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Congreso llegó a un punto crítico tras el fracaso de la consulta popular sobre la reforma laboral, una de las propuestas más importantes de su administración. El rechazo en el Senado reavivó un conflicto que viene acumulándose desde hace meses y que ahora tiene al presidente decidido a no ceder.

Petro responsabilizó directamente al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, de lo que calificó como un posible delito. En un mensaje publicado el jueves, el mandatario expresó: "Efraín Cepeda ha cometido un posible delito y la Corte Suprema debe investigar. Los indicios muestran que hay presumiblemente un fraude, ya la justicia lo dirá. De nuevo ejerceré mi derecho constitucional y legal a presentar la consulta popular al Senado, para que se garantice una votación limpia". El Gobierno sostiene que hubo irregularidades en el proceso de votación en el Senado, donde la consulta fue rechazada con 49 votos en contra y 47 a favor.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue más lejos. Anunció que presentará una demanda penal contra Cepeda asegurando que "hubo fraude procesal" y que los opositores "cambiaron la decisión de un voto después de que se había cerrado la votación". Ante esto, Petro convocó a organizaciones populares a reunirse el fin de semana en plazas municipales del país para votar un paro nacional como respuesta a la decisión del Congreso.

Sin embargo, académicos que analizan el proceso político colombiano ofrecen otra perspectiva. Patricia Muñoz Yi, directora de los posgrados en ciencia política y gobierno de la Pontificia Universidad Javeriana, explicó a la agencia EFE que el Gobierno simplemente no logró reunir las mayorías necesarias, algo que ha ocurrido con la mayoría de sus iniciativas legislativas. De las reformas que Petro ha presentado en casi tres años de gobierno, solo han sido aprobadas la fiscal y la pensional. Las de salud, laboral, educación y una segunda tributaria se han hundido en el camino.

Muñoz observó que Petro ha insistido en atribuir estos fracasos a un bloqueo institucional del Congreso y de sectores gremiales. "Ese es el argumento que también se convierte en un argumento político-electoral porque luego puede dar explicaciones para el no cumplimiento de las reformas propuestas", señaló la experta.

La consulta popular era una alternativa que el Gobierno presentaba como una buena estrategia para defender su agenda de cambio ante un Congreso que históricamente ha mostrado resistencia a las reformas más profundas del Ejecutivo. Su rechazo profundiza una grieta que parece cada vez más difícil de sanar entre la rama ejecutiva y la legislativa.