A menos de quince días de las elecciones legislativas y consultas presidenciales, el presidente Gustavo Petro mantiene su arremetida contra las instituciones electorales del país. Esta vez dirigió sus críticas hacia el Grupo Asesoría en Sistematización de Datos, conocido como Grupo ASD SAS, a quien acusó de ser responsable del preconteo que supuestamente "determina lamentablemente las elecciones en Colombia" y de estar vinculada con la empresa Thomas and Greg and Sons.

El mandatario responsabilizó a ASD de presuntos fraudes electorales en diferentes ocasiones. Mencionó irregularidades en 2014, en las legislativas de 2022 cuando según sus palabras hubo "perdida de 400.000 votos que después recuperamos", y en la elección de los Consejos Locales de Juventud. Petro también señaló que el software de la empresa "es vulnerable". No obstante, hay un detalle crucial: ASD ya había renunciado a la unión temporal encargada de las elecciones el 20 de enero, y la Registraduría autorizó su salida el 13 de febrero. La empresa Manejo Técnico de Información S.A. tomó su lugar.

El político Daniel Briceño aprovechó la polémica para señalar que ASD ha recibido más de 154 mil 525 millones de pesos en contratos con el actual Gobierno a través de diferentes entidades como el ICFES, el Ministerio de Vivienda y la ADRES. Además, denunció que Natalí Carmona, presentada por Petro como testigo de irregularidades en Pereira durante el preconteo de 2022, también ha firmado contratos por 379 millones de pesos con el Gobierno. Según el relato del presidente basado en los señalamientos de Carmona, ASD supuestamente contrató alrededor de 600 personas en Pereira para llenar formularios con casillas en blanco usando información recibida por teléfono, incluso antes de que cerraran las votaciones.

Los críticos del presidente ven en estos señalamientos un patrón preocupante. El exministro Alejandro Gaviria advirtió que "Viene una gran amenaza para la democracia colombiana. Si pierde su candidato o partido, Petro no va a reconocer los resultados. Es una maniobra populista bien conocida, no por ello menos peligrosa". El precandidato David Luna fue más directo al sugerir que el Gobierno "está preparando el discurso para incendiar el país el día después" de los comicios. Luna cuestionó que si Petro tiene todas las pruebas que dice poseer, "preséntelas ante los jueces. Pero no use la Presidencia para deslegitimar anticipadamente el voto de millones de colombianos. La democracia no es válida solo cuando usted gana".

Mientras tanto, funcionarios del Estado han salido en defensa de la solidez del proceso electoral. El procurador Gregorio Eljach y el registrador Hernán Penagos ofrecieron garantías sobre la validez de los comicios y la transparencia democrática del proceso. Thomas and Greg and Sons, la otra empresa mencionada en la controversia, ha estado presente en organizaciones electorales desde 2010 y participó en los comicios regionales de 2011 que llevaron a Petro a la Alcaldía de Bogotá, así como en las presidenciales de 2022.