Un mensaje del presidente Gustavo Petro en redes sociales prendió los ánimos en la política nacional. El mandatario señaló que tenía información de inteligencia sobre conversaciones entre el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y los hermanos Bautista. Según Petro, en esas comunicaciones se habría negociado la devolución del contrato de pasaportes a cambio de algoritmos que aseguraran la presidencia a De la Espriella.

La declaración del presidente fue contundente: "no puedo dejar de encajar la actitud negativa del procurador con los informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y de la Espriella intercambiando la devolución del contrato de pasaportes a sus manos, y la promesa, a cambio, de ciertos algoritmos que le aseguren la presidencia a de La Espriella". Sin embargo, sus palabras generaron más preguntas que respuestas en el establishment político.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo no se quedaron callados. A través de una carta abierta, pidieron al presidente que aclarara sus insinuaciones, advirtiendo que acusar así desde la presidencia es "profundamente peligroso" en una democracia. Valencia tuiteó además que "Colombia necesita garantías reales. Las reglas se cumplen y se hacen cumplir. Y las garantías no se anuncian. Se respetan", expresando su solidaridad con De la Espriella. La congresista Katherine Miranda fue más directa y cuestionó en X si Petro estaba "aceptando" que su gobierno interceptaba comunicaciones.

De la Espriella respondió con dureza. Negó cualquier vínculo con los hermanos Bautista y retó al presidente: "No conozco a los hermanos Bautista y, si realmente cuentas con grabaciones mías, te desafío a que las presentes". El candidato fue más lejos en su ataque, acusando a Petro de intervenir en asuntos electorales para favorecer a grupos criminales. Incluso lo calificó como "jefe de la mafia" y lo acusó de intentar "robarse las elecciones".

La polémica visibiliza una tensión creciente en el escenario político nacional: la acusación del presidente sobre presuntas interceptaciones sin presentar pruebas públicas, combinada con las reacciones de personajes políticos cuestionando si el mandatario está admitiendo operaciones de inteligencia al margen de lo legal. El debate dejó abierta la pregunta sobre si el Gobierno tiene o no las pruebas que Petro mencionó.