El presidente Gustavo Petro dio luz verde para que el traslado de integrantes de grupos armados ilegales a las Zonas de Ubicación Temporal avance de manera más ágil. La decisión se conoció después de una reunión entre el mandatario, el comisionado de Paz Otty Patiño y los delegados del Gobierno que participan en los diferentes procesos de diálogo con estructuras armadas. Según informó la Consejería de Paz, en el encuentro se presentaron avances, logros y dificultades de cada una de las mesas de negociación.

Una restricción importante marca esta nueva fase: en el primer momento, no podrán estar presentes personas que tengan órdenes de captura con fines de extradición vigentes. El Gobierno anunció que estos casos serán evaluados posteriormente por el Presidente. Esta precisión llega en medio de la controversia generada por la solicitud de suspender órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, grupo que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia, entre ellos alias Chiquito Malo, requerido en extradición por Estados Unidos. Recientemente, la Fiscalía General advirtió que no aplicaría de forma automática medidas que implicaran dejar de ejecutar órdenes de captura sin verificar primero los requisitos legales y las condiciones reales de ingreso a estas zonas.

El proceso con el Clan del Golfo comenzaría el 25 de junio de 2026, después de que se pospusiera desde el 1 de marzo. Se espera que ingresen aproximadamente 500 integrantes de esa organización, de un total estimado de alrededor de 10.000 miembros. Para este grupo se han previsto zonas en Tierralta, Córdoba, y Belén de Bajirá, en Chocó.

El Gobierno también impulsa otras zonas en diferentes territorios: una en el área rural de Tibú, Norte de Santander, para el Frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente, liderado por alias Calarcá; otra en Mallama, Nariño, para Comuneros del Sur; y dos áreas en Roberto Payán, Nariño, y Valle del Guamuez, Putumayo, para la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

Las Zonas de Ubicación Temporal son espacios delimitados pensados para facilitar el tránsito de integrantes de estructuras armadas hacia procesos de sometimiento, desmovilización o reintegración a la vida civil, con acompañamiento estatal. La Ley de Paz Total aclara que estas no son zonas de despeje. El Gobierno sostuvo que la paz es una política de Estado que requiere la concurrencia de todas las autoridades bajo principios de colaboración armónica.

Pese a los avances anunciados, la implementación de estas zonas mantiene abiertos varios interrogantes. Preocupa cómo se verificará la identidad de quienes ingresen, qué controles habrá sobre las armas, qué sucederá con las estructuras financieras de los grupos ilegales y especialmente cómo se garantizará que estos espacios no terminen convirtiéndose en áreas de movilidad sin control, lo que podría afectar la seguridad en los territorios.