El gobierno peruano volvió a encender las alarmas en las principales ciudades del país. Este sábado, las autoridades declararon estado de emergencia por treinta días en Lima y la provincia portuaria del Callao, buscando frenar el avance del crimen organizado y la delincuencia que no deja de golpear a estas zonas.

La medida fue formalizada mediante un decreto supremo publicado en edición extraordinaria del diario oficial El Peruano. Se trata de una reactivación de una decisión anterior que había sido tomada en octubre del año pasado por el gobierno anterior. El nuevo mandatario de transición, José María Balcázar, no había decidido extender esa emergencia desde que tomó posesión el 18 de febrero, permitiendo que venciera hace poco más de una semana.

Durante este período de emergencia, la Policía Nacional del Perú asumirá el control del orden interno con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Según lo establecido en el decreto, "la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas. Además, la PNP determina las zonas de intervención, esencialmente sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos".

La emergencia también implica restricciones significativas a derechos constitucionales. Se suspende o restringe la inviolabilidad del domicilio, la libertad de movimiento en el territorio nacional, el derecho de reunión y la seguridad personal de los ciudadanos. Estas medidas buscán darle más herramientas a las autoridades para actuar rápidamente.

Cualquier actividad religiosa, cultural o deportiva de carácter masivo deberá contar con permiso previo de las autoridades competentes, quienes evaluarán si es posible realizarla bajo estas condiciones de emergencia.