En Medellín se conoció una decisión importante de la Personería Distrital que muestra cómo funcionarios públicos actuaron por fuera de sus atribuciones. La entidad confirmó sanciones disciplinarias contra cinco integrantes del Comité de Convivencia y Acoso Laboral del Concejo de la ciudad, después de comprobarse que guardaron una denuncia de acoso laboral sin tener autoridad legal para hacerlo.

Lo que pasó fue sencillo pero grave: en marzo de 2022, el comité decidió por mutuo acuerdo archivar una queja de presunto acoso, considerando que no había suficientes razones para continuar. El problema es que estos comités no tienen la capacidad jurídica para tomar esa decisión. "Se extralimitaron en decidir la existencia o no del acoso laboral, al no dar traslado a una queja de acoso laboral al Ministerio Público para que la misma fuera investigada en debida forma", explicó la Personería.

La entidad aclaró que estos comités existen únicamente para prevenir conflictos y buscar soluciones conciliatorias entre compañeros de trabajo. Cualquier denuncia formal debe llegar sí o sí al Ministerio Público, que es la autoridad competente para investigar si realmente hubo acoso. Al archivar la queja por su cuenta, los funcionarios violaron las normas que regulan los procesos disciplinarios y la protección contra el acoso en los espacios laborales.

Las sanciones terminaron siendo diferentes para cada uno. Inicialmente se había propuesto suspender a todos por siete meses, pero el Personero Distrital revisó el caso y ajustó los castigos según la responsabilidad de cada miembro. El presidente y la secretaria del comité recibieron tres meses de suspensión más inhabilidad especial, mientras que los otros tres integrantes fueron sancionados con dos meses de suspensión.

Con este fallo, la Personería reiteró un mensaje claro a las instituciones públicas: los comités de convivencia laboral acompañan y buscan conciliación interna, pero las denuncias formales deben ir obligatoriamente a las autoridades que tengan competencia para investigar. No se puede esconder una queja de acoso por buenas intenciones o falta de claridad sobre las propias funciones.