Cristian Herrera no se resignó a guardar silencio. Aunque trabajaba en la Secretaría de Seguridad de Cúcuta, seguía investigando con la pasión de siempre. El sábado pasado, a las 12:18 de la mañana, publicó en redes sociales un dato explosivo: "#UnDato. A un recién elegido senador de Norte de Santander q iba para Estados Unidos le dañaron el viaje, xq le cancelaron la visa y le tocó cambiar de planes. Lo peor es que la Fiscalía le tendría orden de trabajo para extinción d dominio. ¡Todo por una condena! Suenan las sirenas". Pocas horas después, cuando bajó de su camioneta en la casa de su suegra, acompañado de su esposa e hija, un sicario vestido de negro lo acribillo desde una motocicleta. Tenía 50 años y sobrevivía desde hace tiempo a amenazas, a un atentado a bala en 2017 y hasta a un exilio en Chile. Esta vez, la violencia que perseguía a través de sus reportajes le salió al encuentro.

Herrera era el tipo de periodista que no se conformaba con los comunicados oficiales. Durante ocho años trabajó cubriendo temas judicales en el diario La Opinión con Andrés González, quien recuerda a su amigo como alguien especializado en documentar los golpes financieros contra estructuras criminales en la frontera con Venezuela. Su método era meticuloso: "desmenuzar los casos" con fundamentos sólidos, investigaciones previas y fuentes en territorio. En sus últimos días estaba metido en varias líneas de trabajo muy calientes. Indagaba sobre alias El Faraón, descrito como un "narco fantasma" con conexiones en la política regional y responsable de al menos cuatro homicidios en la ciudad. También seguía de cerca las transacciones ilegales de narcotraficantes que operaban con cédulas colombianas sin requerimiento legal alguno. Todo esto lo vinculaba con un congresista recién electo que enfrentaba una posible extinción de dominio. Las publicaciones de Herrera sobre la viuda de un minero asesinado en 2024, quien señalaba directamente al político, generaron lo que sus colegas describen como "alertas muy graves".

Cúcuta es un territorio hostil para los periodistas. Según Connectas, una red de periodistas de investigación, la ciudad tiene 27 bandas criminales disputándose el control, cuatro de ellas transnacionales: Los AK-47, el Tren de Aragua, el ELN y disidencias de las Farc. No es casualidad que Herrera trabajara en equipo. Junto a la periodista Karina Yudex desarrolló reportería seria para medios como Vorágine y el portal venezolano Armando.info. Se reunían casi a diario en cafeterías, donde Cristian siempre llegaba acompañado por sus escoltas. Ambos cruzaban bases de datos, cuadraban información recopilada en territorio y documentaban desaparecidos en la frontera.

El último encuentro entre Herrera y González ocurrió el mismo sábado del crimen. A las 8:50 de la mañana le escribió por WhatsApp para consultar sobre una publicación. Luego lo llamó para conversar tres minutos sobre el caso. Antes de despedirse, González recuerda que le dijo: "Eso no le dé gusto a la gente, usted siga tranquilo, siga adelante". Esas fueron sus últimas palabras. Horas después, Cristian Herrera caería abatido.

La violencia contra la prensa en Colombia no es nueva. Este es el segundo periodista asesinado en 2024. El primero fue Mateo Rueda, del portal El Confidente, acribillado a mediados de mayo en Antioquia presuntamente por integrantes de una disidencia de las Farc. La Fundación para la Libertad de Prensa alertaba ya sobre una cadena de agresiones documentadas: el atentado contra Gustavo Chica en julio del año pasado y amenazas que han obligado a otros corresponsales a buscar refugio en el exilio.

Herrera acumulaba reconocimientos en sus 25 años de carrera: Premio Colprensa 2013, Premio Nacional Semana 2016, Premio Regional La Bagatela 2016 y Premio Orlando Sierra 2020. Pero en Cúcuta, donde formaba parte de la red de corresponsales de la FLIP desde 2018, sus premios no le protegieron. Tras su muerte, la Alcaldía, Gobernación y Policía ofrecieron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que llevara a capturar a los responsables. La Fundación para la Libertad de Prensa y la Defensoría del Pueblo rechazaron el asesinato y pidieron garantías para el ejercicio de la prensa. Pero para Cristian Herrera, esas garantías llegaban demasiado tarde.