La mañana del 5 de mayo en la estación de la calle 76 con avenida Caracas del TransMilenio en Bogotá se convirtió en escena de una batalla. Todo comenzó cuando vigilantes del sistema de transporte intentaban evitar que unos jóvenes ingresaran sin pagar el pasaje, pero lo que debió ser un procedimiento rutinario de control terminó en una confrontación violenta que dejó varios heridos.

Videos grabados por usuarios presentes, entre ellos la internauta Juanita Díaz, documentaron cómo la situación se descontroló rápidamente. Lo que inició como un forcejeo derivó en un intercambio de golpes donde se usaron objetos contundentes. Los jóvenes, entre los que supuestamente había estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, quedaron con lesiones visibles que obligaron a los servicios médicos a intervenir. Algunos tuvieron que ser trasladados en ambulancia a centros asistenciales cercanos.

El rector de la UPN, Helberth Choachi, no tardó en pronunciarse sobre lo sucedido. A través de redes sociales expresó su posición clara frente a los hechos: "Rechazo absoluto a estigmatización, agresión y lesiones causadas por vigilantes del TransMilenio en la Cll76 a estudiantes UPN y de U Privada que fueron trasladados en ambulancia. Iniciaremos acompañamiento y acciones legales. Que un pasaje no nos cueste la vida". La universidad ya está evaluando pruebas para proceder legalmente, argumentando que hubo un uso desproporcionado de la fuerza.

TransMilenio, por su parte, emitió un comunicado donde explicó que el personal de vigilancia se encontraba "ejerciendo sus funciones de control habituales cuando se produjo el altercado". La empresa subrayó que su misión es "garantizar el orden en los portales y estaciones", aunque rechazó cualquier acto de violencia. Según la compañía, los vigilantes "actuaron bajo el marco de sus competencias para mitigar la evasión", un problema que afecta la sostenibilidad financiera del transporte en la capital.

El incidente ha reabierto un debate importante en la ciudad sobre dónde están los límites de la vigilancia privada en espacios públicos. Hay quienes reclaman "mano dura contra los colados" para frenar pérdidas económicas, pero organizaciones estudiantiles y expertos en seguridad cuestionan la ausencia de "protocolos claros de desescalamiento" cuando hay conflictos. La pregunta de fondo es cuánta intervención física puede hacer un vigilante antes de que el asunto deba pasar a manos de la Policía Nacional, especialmente en estaciones abarrotadas como la de esa zona de Bogotá.