Cuando se habla del posible retorno de Pdvsa a Colombia, la conversación no debería limitarse a los beneficios económicos o la reactivación de lazos energéticos entre dos países vecinos. Es momento de enfrentar directamente un capítulo muy reciente que quedó lleno de preguntas sin responder y responsables sin identificar públicamente.

Entre 2007 y 2015, Pdvsa Gas Colombia atravesó por un desfalco que, según el Ministerio Público Venezolano, alcanzó cifras cercanas a los 100 millones de dólares. La entonces gerente Sarah Moya habría operado sin supervisión real sobre recursos que superaban los 221 millones de dólares, recursos que provenían incluso del convenio establecido con Ecopetrol. Las irregularidades documentadas son graves: contratación directa sin los procedimientos debidos, pagos sin respaldo documentario, uso personal de tarjetas corporativas, compra masiva de tiquetes aéreos y otorgamiento de contratos a empresas ligadas a quienes tomaban las decisiones. Todo esto presuntamente con la complicidad de superiores.

Lo que más inquieta no es solo el escándalo en sí, sino el silencio que lo ha rodeado. ¿Dónde está hoy la principal responsable de esos recursos desaparecidos? ¿Qué ocurrió con los procesos judiciales? ¿Quién responde por esos millones perdidos? Y la pregunta que toca directamente a la seguridad energética: ¿por qué se suspendió abruptamente el suministro de gas a Venezuela sin que se conocieran con claridad las verdaderas razones, ya fueran contractuales o políticas?

Ni Venezuela ni Colombia han ofrecido explicaciones contundentes. La opacidad se convirtió en la regla en un asunto que comprometía no solo dinero público considerable, sino la estabilidad energética de ambas naciones. Eso genera un problema de confianza que los discursos diplomáticos no pueden solucionar fácilmente.

En La Guajira, región directamente afectada por estas operaciones, hay expectativa sobre lo que pueda ocurrir con Pdvsa. Las comunidades locales tienen esperanzas, pero también tienen derecho a exigir que se aclaren las situaciones pendientes antes de que se reactive cualquier operación. Existe además una pregunta técnica fundamental que los expertos deben responder con claridad: ¿el gasoducto Antonio Ricaurte se encuentra en condiciones de operar de inmediato?

Colombia no puede permitirse repetir la historia. Si se va a reanudar cualquier relación energética binacional con Pdvsa, debe ser con garantías reales de transparencia, rendición de cuentas efectiva y con castigo para quien corresponda. La confianza rota se reconstruye con hechos, no con palabras. Sin verdad sobre lo que pasó, cualquier nuevo acuerdo será simplemente un riesgo más disfrazado de cooperación. El país merece respuestas antes de decir sí a cualquier cosa.