La paz total que impulsa el gobierno Petro comienza a enfrentar cuestionamientos cada vez más fuertes. Analistas, investigadores y organizaciones de derechos humanos alertan sobre un patrón preocupante: mientras el Gobierno dialoga en mesas de negociación, los grupos armados disidentes se fortalecen militarmente, expanden su control territorial y profundizan sus operaciones criminales. El paralelismo con la zona de distensión del Caguán durante el gobierno Pastrana (1998-2002), cuando las Farc se consolidaron en lugar de debilitarse, es cada vez más evidente para quienes estudian el conflicto.

Los números son contundentes. Human Rights Watch reporta que a pesar de la paz total, el Clan del Golfo opera en más de 390 municipios, el ELN en 232 y las disidencias en 299. El caso más dramático es el del Estado Mayor de Bloques y Frentes, comandado por Alexander Díaz Mendoza, conocido como Calarcá. Este grupo, que mantiene delegados en la mesa de paz, casi triplicó su fuerza armada: pasó de 1.400 combatientes en 2023 a 2.958 hoy, un crecimiento del 111% en medio del diálogo. Según la Fundación Ideas para la Paz, su influencia ya toca 10 departamentos y cerca de 100 municipios, territorios donde antes no tenía presencia. El grupo opera a través de 16 estructuras consolidadas en tres bloques: Jorge Suárez, Magdalena Medio y Comandante Raúl Reyes.

El Gobierno mantiene tres mesas activas: una con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), surgida en 2024 tras ruptura con la Segunda Marquetalia, liderada por Armando Novoa; otra con el grupo de Calarcá, donde Gloria Quiceno funge como designada oficial; y una tercera con Comuneros del Sur, facción disidente del ELN, bajo dirección de Carlos Erazo. Cada mesa agrupa estructuras con centenares de combatientes distribuidos en zonas fronterizas de alto valor estratégico para el narcotráfico. La CNEB suma 2.089 integrantes con presencia en Nariño, Putumayo y Amazonas en unos 30 municipios. Comuneros del Sur, más pequeño, opera en Nariño con 249 integrantes principalmente en Abades, Samaniego, Ricaurte y Mallama.

Luis Fernando Trejos, profesor investigador de la Universidad del Norte de Barranquilla especializado en conflicto armado, sostiene que muchas estructuras ven en la paz un "buen negocio" que les otorga tranquilidad para crecer sin presiones reales de dejar las armas. Grupos como el de Calarcá se han consolidado mientras están en la mesa de diálogo, disfrutando de beneficios como la suspensión de órdenes de captura, sin entregar nada verificable a cambio. El reclutamiento, el narcotráfico y los asesinatos de civiles continúan. Trejos enfatiza que los acuerdos carecen de mecanismos de monitoreo similares a los que tuvo el proceso con las Farc, donde Naciones Unidas fungió como garante. Esto significa que "el cumplimiento de compromisos queda sujeto exclusivamente a la 'buena voluntad' de las partes, lo que le resta seriedad a los procesos". Otro problema de fondo: muchos de estos combatientes son reincidentes del acuerdo de 2016, lo que crea un limbo jurídico, pues la ley prohíbe que quienes ya recibieron beneficios de paz vuelvan a obtenerlos.

Un riesgo adicional que subraya Trejos es que estos grupos terminan actuando como gestores de la inversión social del Estado. Mientras permanecen activos, supervisan obras financiadas por el Gobierno bajo la etiqueta de transformaciones territoriales. Esto envía un mensaje perverso a las comunidades: el único camino para que el Estado construya vías, escuelas o puestos de salud es mediante el levantamiento armado y la presión de la negociación. Además, estos grupos usan dinero de actividades ilegales para financiar servicios públicos en Nariño y Putumayo, suplantando funciones estatales e incluso construyendo colegios y canchas de fútbol.

Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina de Crisis Group, identifica como fallo central la ausencia de protocolos y mecanismos de verificación efectivos. Sin estas herramientas, el proceso queda desprotegido frente a grupos que actúan sin honestidad. Ella plantea el "riesgo de la buena fe": en lugar de confiar en la voluntad de los armados, el Estado debería generar incentivos mediante presión territorial efectiva del sector defensa. Sin esa presión ocurre lo que Dickinson llama el "pecado" de las mesas: se crean condiciones para que los grupos aprovechen la negociación para expandirse mientras los brazos de defensa y paz del Gobierno actúan descoordinados. Otro problema: el Gobierno nunca definió un punto de llegada claro, permitiendo que las conversaciones se prolonguen indefinidamente sin resultados de desmovilización verificables.

Las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) donde deberían concentrarse los combatientes permanecen estancadas. La de Calarcá en Tibú, Norte de Santander, está sembrada de minas antipersona que demorarían más de un año en remover. Además, el ELN ejecuta una campaña de exterminio contra este grupo en la zona. La ZUT de Comuneros del Sur fue ubicada en Mallama, Nariño, dentro del resguardo Awá, pero enfrenta retrasos por consultas con indígenas preocupados por los riesgos. Las de la CNEB están en Roberto Payán y Valle del Guamuez, dos ejes cruciales para el tráfico de cocaína. Armando Novoa, negociador oficial ante la CNEB, reconoce que el proceso atraviesa una etapa crítica. Identifica que el problema en Nariño es la existencia de gobernanzas criminales donde grupos ilegales controlan territorios por ausencia histórica del Estado. Su objetivo es lograr "dejación" de ese control. Destaca avances como la destrucción de 15 toneladas de explosivos y disminución de homicidios, pero no oculta una crisis interna: no todas las estructuras de la CNEB muestran el mismo compromiso. Mientras algunas avanzan en sustitución de cultivos ilícitos, otras resisten. Ante facciones que obstaculizan, Novoa sostiene que "el Gobierno no puede andar al ritmo de las estructuras que no quieren avanzar" y acelera con quienes sí demuestran voluntad.