La justicia colombiana cerró un capítulo de rendición de cuentas. Un juez condenó a siete años de prisión a Danilo José Núñez Zabaleta, expatrullero del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), por dispararle un proyectil de bala de goma a Leidy Natalia Cadena Torres el 28 de abril de 2021, durante las jornadas de protesta que marcaron ese año. El impacto directo contra el ojo de la joven la dejó ciega permanentemente de ese lado.

La jueza encontró que el uniformado cometió el delito de lesiones personales con perturbación funcional permanente al accionar el arma en contravía de los protocolos establecidos para el uso de la fuerza. El fallo fue claro: "la actuación del patrullero se apartó de los lineamientos establecidos para el uso de este tipo de armamento, diseñado para el control de disturbios bajo parámetros específicos de proporcionalidad, necesidad y precaución". Núñez Zabaleta cumplirá los 84 meses de condena en el pabellón destinado para servidores públicos, y una orden de captura será emitida una vez quede en firme la sentencia.

Lo que pasó con Leidy Natalia Cadena Torres no es un caso aislado. Ocurrió en medio de las manifestaciones de 2021, cuando múltiples denuncias sacudieron al país por el presunto uso excesivo de la fuerza del Esmad, unidad que hoy funciona como la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo). Aquella época dejó un rastro de lesiones oculares graves y cuestionamientos sobre cómo actuaban los cuerpos antidisturbios.

La sentencia también resalta que el daño causado a la joven fue irreversible. No se trata solo de una herida física que sane con el tiempo. El proyectil comprometió de forma definitiva una de sus funciones sensoriales, una secuela que la acompañará el resto de su vida.

Cabe mencionar que en el mismo proceso la jueza absolvió a Álvaro Ramírez Castro, otro funcionario que estaba vinculado a los hechos. Lo exoneró de los cargos de lesiones personales con perturbación funcional permanente y abuso de autoridad.

El caso fue tramitado en la justicia ordinaria tras descartarse su traslado a la justicia penal militar. Un tribunal superior consideró que había elementos suficientes para inferir un uso desproporcionado de la fuerza, razón por la cual debía seguir en la jurisdicción ordinaria. Esta condena se suma a otros procesos judiciales abiertos por hechos similares ocurridos durante esas mismas protestas, un período que quedará marcado en la memoria colectiva por las denuncias de violaciones a derechos humanos y el cuestionamiento sobre cómo se controlaron las manifestaciones ciudadanas.