El nuevo modelo de pasaportes colombianos arrancó el pasado 1 de abril con una carga pesada: más de 1,4 billones de pesos en juego y un pleito jurídico que aún no se resuelve. El convenio entre Colombia y Portugal para fabricar las nuevas libretas inició sus operaciones mientras la Procuraduría General de la Nación busca tumbar el acuerdo internacional en los juzgados, lo que deja toda la iniciativa en un limbo legal incómodo.

La historia tiene raíces profundas. La Cancillería ha firmado cuatro contratos diferentes con la Imprenta Nacional para sacar adelante este proyecto. El más reciente, suscrito en enero antes de la Ley de Garantías, compromete 185 mil millones de pesos. Antes de ese hubo un acuerdo marco en 2024 que durará hasta 2036, uno específico en julio para personalizar los pasaportes hasta 2034, y uno internacional con la Casa de la Moneda de Portugal. Las sumas pactadas alcanzan los 1,49 billones de pesos. El problema es que ninguna aseguradora privada quiso asumir el riesgo de respaldar el proceso, así que la Previsora, la estatal, tuvo que hacerse cargo.

La Procuraduría expresó sus inquietudes desde febrero de 2026. El ministerio público denunció una "deficiente estructuración económica del convenio" y pidió como medida cautelar suspender los giros que Colombia se comprometió a pagarle a Portugal. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca enfrenta un obstáculo: el Gobierno argumenta que, según la cláusula 25 del convenio, todas las controversias deben resolverse en un tribunal de arbitramento internacional, no en Colombia.

El desacuerdo jurídico se ha vuelto complicado. El tribunal presentó una carta rogatoria siguiendo el Convenio de La Haya para notificar a la Casa de la Moneda portuguesa sobre la demanda. Pero la Cancillería respondió el 27 de marzo indicando que esa convención no era aplicable, aunque sin explicar las razones. Según el ministerio de Relaciones Exteriores, la carta debe enviarse directamente a Portugal invocando principios de reciprocidad, voluntariedad y soberanía. En otras palabras, no garantiza que Portugal responda en algún sentido.

Detrás del conflicto de los pasaportes hay una larga cadena de cambios en el gobierno. Álvaro Leyva, canciller en los primeros años de Petro, fue sancionado con diez años de inhabilidad para ocupar cargos públicos, y la Fiscalía le imputó prevaricato por sus decisiones sobre el tema. Martha Lucía Zamora, exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, se convirtió en testigo clave contra él. Alfredo Saade fue suspendido cuando trabajaba como jefe de Despacho Presidencial. Laura Sarabia, quien renunció como canciller en julio pasado, ahora es embajadora en Reino Unido.

El presidente Gustavo Petro presentó en febrero el nuevo modelo de pasaportes y designó a la Imprenta Nacional como responsable. Pero antes de su puesta en marcha, la Contraloría General advirtió retrasos en los términos, incremento en costos operativos y demoras en la importación de las máquinas. Mientras tanto, la legalidad de los cuatro contratos sigue en suspenso, esperando que los juzgados definan si Colombia debe continuar desembolsando recursos para un acuerdo que está en la cuerda floja.