En Colombia existe un nudo sobre cómo se están expediendo los nuevos pasaportes. El gobierno y la Imprenta Nacional dan explicaciones que no cierran, dejando en el aire preguntas que ciudadanos y medios se están haciendo sobre un proceso que toca tanto la soberanía de datos como el empleo nacional.

La periodista Darcy Quinn reveló en su programa que "no paran las versiones encontradas del gobierno sobre la expedición de pasaportes". Mientras funcionarios sostienen que la personalización de las libretas se hace aquí, en el mismo gobierno se reconoce que "las libretas se producen en Europa con trabajadores europeos". Ese contraste es el que, según Quinn, "empieza el ruido".

La contradicción se profundiza con otro asunto: el presidente anunció acciones legales contra Thomas Greg & Sons por retener las claves de seguridad (PKI), algo que según dijo sería "un incumplimiento que compromete la soberanía de los datos". Pero aquí viene lo extraño. Si la imprenta ya está haciendo la personalización en Colombia, como dice, entonces esas claves no serían necesarias. Quinn lo preguntó de frente: "Si la personalización ya la están haciendo, ¿por qué es indispensable el PKI de la empresa anterior?". La conclusión es incómoda: o "la acusación presidencial pierde soporte técnico" o simplemente "no existe todavía una operación masiva real".

Mientras tanto, la Cancillería reconoce que hay "un esquema distinto de trazabilidad y custodia" en el nuevo proceso, lo que añade más capas de complejidad a un asunto que debería ser claro. Estos son detalles técnicos que afectan cómo se garantiza que los datos de los colombianos estén seguros y que, honestamente, la ciudadanía merece entender sin versiones encontradas.

Quinn también informó que se presentaron acciones legales para frenar el traslado de recursos hacia Colpensiones, incluyendo una demanda de nulidad, una medida cautelar y una tutela. Los argumentos apuntan a que la decisión "es ilegal" y que la justificación sería "falsa porque Colpensiones tiene recursos". Se advierten además "efectos financieros negativos sobre el ahorro nacional" con un cronograma que ordena giros en 15, 20 y 30 días.