En Colombia, las elecciones legislativas representan más que la disputa por curules en el Congreso. También se juega en ellas la supervivencia de los movimientos políticos. Y una colectividad que nació con el acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas Farc está a punto de desaparecer del mapa político.

El Partido Comunes fue creado precisamente para darle una salida política a los guerrilleros desmovilizados. El nombre guardaba las mismas siglas que el grupo armado, pero con un nuevo significado: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. La idea era ofrecer a los exintegrantes la posibilidad de participar en democracia, bajo la condición de que abandonaran definitivamente las armas.

Durante casi una década, el partido contó con un respaldo especial. Entre 2018 y 2026, tenía garantizadas diez curules: cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes. Esto les permitía mantenerse como colectividad sin competir en igualdad de condiciones con otros movimientos. Ese fue el pacto que se selló en La Habana.

Pero todo cambió con las elecciones del 8 de marzo. Esa vez, Comunes tuvo que entrar al juego electoral como cualquier otro partido. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado.

Sandra Ramírez, la principal figura de Comunes en el Senado, aspiraba a reelegirse. Se presentó bajo la coalición Fuerza Ciudadana buscando mantener su curul. Sin embargo, con el 74,19% de las mesas escrutadas, la coalición apenas alcanzaba el 0,55% de los votos. Ramírez recibió poco más de 7.600 sufragios, una cifra muy lejana a lo que necesitaba.

La ley electoral en Colombia es clara: para mantener la personería jurídica, un partido debe alcanzar mínimo el 3% del total de votos válidos a nivel nacional en unas elecciones legislativas. Comunes quedó muy por debajo de ese piso. Con estos resultados, el partido desaparece como entidad política.

Aunque el partido se esfume de la papeleta, sus miembros no quedan condenados al ostracismo político. Excombatientes como Julián Gallo, Luis Alberto Albán y Rodrigo Londoño podrán continuar en política, pero necesitarán el aval de otras colectividades para poder participar en futuras contiendas electorales.