Este jueves 9 de abril, varias regiones del país se paralizan en protesta contra algo que afecta directamente el bolsillo de millones de colombianos: los nuevos valores que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) asignó a los predios. El resultado es caótico: bloqueos en carreteras vitales, ciudadanos atrapados en congestionamiento y una economía que se detiene porque muchos consideran que el sistema de catastro multipropósito es injusto.

La rabia de la gente es concreta. Cuando el IGAC actualiza cuánto vale tu casa o tu terraza, el municipio usa eso para calcular el impuesto predial que pagas cada año. Si tu propiedad ahora "vale más según los mapas", tu impuesto sube. Algunos propietarios en estos departamentos reportan aumentos que consideran desmedidos, especialmente agricultores y ciudadanos de zonas rurales que no pueden permitirse pagar el doble o el triple de lo que pagaban antes. Sandra Patricia Giraldo, líder de los protestantes en Quindío, resume el reclamo: las comunidades reciben cobros que ignoran "los marcos legales existentes" y exigen que los aumentos sean progresivos, no de un golpe.

En el Quindío, específicamente en la vía hacia La Línea, hay cierres intermitentes que complican el transporte de carga. En Boyacá la situación es más grave: rutas completas hacia Bogotá y Bucaramanga están bloqueadas. El ingeniero Fabián Monroy advierte que la Resolución 2057 del IGAC del 30 de diciembre pasado impacta a 527 municipios del país, con 82 en Boyacá. Los bloqueos podrían mantenerse 48 horas mientras el Gobierno no abra diálogos reales.

En Cundinamarca, el gobernador Jorge Emilio Rey intentó desactivar la crisis programando una mesa técnica con el director del IGAC, Gustavo Adolfo Marulanda, para el 10 de abril. El objetivo es revisar casos específicos en municipios como La Calera y Choachí, buscando que los nuevos avalúos se ajusten realmente al ordenamiento territorial.

Santander vive un caos sin precedentes. El bloqueo en la recta El Cucharo, entre Pinchote y San Gil, es indefinido. En el área metropolitana de Bucaramanga, sectores como El Buey en Piedecuesta y la zona conocida como "Papi Quiero Piña" están completamente cerrados en ambas direcciones, generando una congestión masiva que las autoridades de tránsito apenas logran contener. Los habitantes no solo rechazan el modelo catastral sino que también critican otros problemas locales como el contrato de la variante de San Gil.

El fondo del asunto es simple: miles de colombianos sienten que un tecnicismo administrativo les está aumentando costos fijos sin razón clara. Hasta que haya diálogos reales con el Gobierno, los bloqueos seguirán paralizando la economía local.