El país se enfrentó a una jornada de paro nacional el 9 de abril que paralizó múltiples territorios bajo vigilancia de autoridades locales y departamentales. La movilización, convocada por ciudadanos, gremios y comunidades campesinas, buscaba rechazar el impacto económico de la actualización catastral que derivó en cobros de impuesto predial considerados excesivos por los contribuyentes.

Desde las primeras horas de la mañana, especialmente a partir de las 8:00 a. m., las manifestaciones comenzaron a alterar la circulación en corredores clave del país. Santander enfrentó el mayor impacto debido a la relevancia de sus vías para el transporte de productos agrícolas. El área metropolitana de Bucaramanga, Floridablanca, Lebrija y el corredor entre San Gil y Socorro reportaron bloqueos significativos. Igualmente, en Boyacá, Cundinamarca (con afectaciones en Guaduas y la vía hacia La Calera), Casanare, Valle del Cauca, Norte de Santander, Antioquia y Quindío se registraron concentraciones y cierres viales.

El descontento no fue exclusivo de zonas rurales. Los plantones en plazas principales de ciudades como Bogotá, Medellín y Armenia generaron congestión en centros urbanos, donde comerciantes y ciudadanos sintieron el impacto directo de las movilizaciones. Propietarios urbanos y comunidades rurales, unidos por una causa común, convergieron en rechazo a lo que califican como una carga económica abrupta.

Desde Quindío, los voceros del movimiento fueron claros en su demanda: pidieron que el ajuste del impuesto predial se implementara de manera progresiva para evitar golpes económicos tan fuertes a los contribuyentes. Este argumento resonó en múltiples regiones donde familias y pequeños empresarios veían cómo sus obligaciones fiscales se disparaban sin transición.

Las autoridades respondieron con coordinación institucional. En Santander se instaló un Puesto de Mando Unificado desde el 8 de abril para hacer seguimiento en tiempo real a las movilizaciones. El secretario del Interior, Óscar Hernández Durán, explicó que la estrategia buscaba "fortalecer la coordinación institucional y prevenir situaciones que afecten el orden público". Además, se adelantaron reuniones con líderes de las protestas para identificar puntos de concentración y conocer en detalle las preocupaciones sobre el aumento del predial.

La jornada evidenció la capacidad de convocatoria de un tema que tocaba el bolsillo de colombianos muy distintos entre sí: desde campesinos hasta dueños de vivienda urbana, pasando por sectores de oposición política que vieron en la medida una oportunidad para movilizar descontento generalizado.