Hace poco el país vivió uno de esos momentos en que la angustia rural vuelve a ocupar las carreteras. Fueron seis días en los que el conflicto histórico por la tierra en Colombia encontró un nuevo rostro: los números rojos de las facturas de impuesto predial. No era un debate de economistas en una sala de juntas. Era la angustia real de miles de campesinos recibiendo cobros que duplicaban, triplicaban o multiplicaban por cien lo que pagaban hace un año.

Todo comenzó el 30 de diciembre de 2025, cuando el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) expidió la Resolución 2057 que actualizó los avalúos de 527 municipios en el país. En teoría, una medida sensata: acercarse a los precios reales del mercado. En la práctica, un terremoto. Cuando esos nuevos valores llegaron a las tesorerías municipales, se convirtieron automáticamente en impuestos prediales más altos. En Santander, los incrementos alcanzaron hasta 8.000 por ciento. Fue entonces cuando los campesinos dijeron basta.

Las protestas se encendieron principalmente en Santander, aunque también hubo bloqueos en Boyacá, Casanare y Risaralda. En el departamento santandereano, durante cinco días consecutivos se paralizaron las carreteras principales: el corredor entre Bucaramanga y el aeropuerto Palonegro, la ruta hacia Barrancabermeja, las vías de dieciséis municipios rurales como San Gil, Barichara y Lebrija. El costo fue brutal: hasta 120 mil millones de pesos diarios en pérdidas para el departamento, entre 50 mil y 70 mil millones solo en el área metropolitana de Bucaramanga.

Pero los expertos señalan que Santander y sus carreteras bloqueadas son apenas el síntoma de un mal más profundo y antiguo. El verdadero culpable no es el catastro actualizado, sino un sistema tributario municipal que sigue funcionando con reglas de los años noventa. La Ley 44 de 1990 creó el impuesto predial como un sistema progresivo: quien tiene más tierra, más valiosa, debe pagar más. El problema es que los municipios nunca ajustaron sus tarifas a la realidad económica actual. Los tramos de valor siguen calculados con cifras de hace treinta años. Cuando el avalúo sube dramáticamente, todos los predios caen en el tramo más alto, perdiendo esa progresividad. Lo que resulta es casi una tarifa plana donde un pequeño campesino y un terrateniente pagan porcentajes muy similares. En Antioquia, por ejemplo, la diferencia entre un predio modesto y uno de alto valor es apenas de 9,5 a 10,0 por mil. Cuando eso se aplica a avalúos que casi se duplicaron en valores totales (de 57,2 billones a 108,1 billones de pesos), el impacto cae como un rayo sobre los que menos pueden soportarlo.

La presión de las calles obligó a que el Gobierno Nacional, las gobernaciones, el IGAC y los líderes campesinos se sentaran a negociar. Santander fue el primero en encontrar salidas: revisión caso por caso de los avalúos con participación del IGAC, alcaldes y veedurías. Los alcaldes se comprometieron a ampliar plazos de pago y ofrecer descuentos a los contribuyentes. En municipios como Dosquebradas (Risaralda), se suspendió por tres meses el cobro del predial rural mientras se revisan los avalúos. El modelo santandereano se replicó después en Casanare, Risaralda y Boyacá, y se programó una reunión de seguimiento para el 6 de mayo.

Sin embargo, los acuerdos alivian la emergencia pero no resuelven lo de fondo. La pregunta que quedó flotando es incómoda para las administraciones municipales: ¿cómo llegamos a 2026 con sistemas tributarios diseñados para la Colombia de los noventa? La respuesta es que durante décadas el sistema funcionó así porque permitía que grandes propietarios pagaran menos de lo que deberían, mientras debilitaba las finanzas municipales. Actualizar el catastro es correcto y necesario, pero hacerlo sin reformar en paralelo el impuesto predial significa descargar el ajuste sobre quienes tienen menos capacidad de pago. Es el viejo problema colombiano: la modernización no llega completa, llega a medias, y el pueblo termina pagando la factura.