La Guajira está sumida en un clima de zozobra. Tras el anuncio de un paro armado, comerciantes, transportadores y ciudadanos de varios municipios enfrentan restricciones severas en su movilidad y actividades económicas. El temor se ha instalado en la región y la vida cotidiana de miles de guajiros ha sido alterada por una situación que apunta directamente hacia la incapacidad del Estado para mantener el orden.

El senador Alfredo Deluque Zuleta no se anduvo con rodeos para expresar su indignación. "Gravísimo lo que está ocurriendo en La Guajira", señaló, adviriendo que grupos criminales estarían imponiendo condiciones en el territorio ante la falta de una respuesta contundente por parte del Gobierno. Para Deluque Zuleta, este escenario evidencia dificultades profundas en la implementación de la política de seguridad Nacional, permitiendo que estructuras ilegales sigan afectando la tranquilidad de la población.

El congresista también apuntó contra la política de "paz total" impulsada por el presidente Gustavo Petro. Según su criterio, los hechos recientes en La Guajira demuestran que aún hay vacíos enormes en la capacidad estatal para garantizar seguridad en zonas azotadas por la criminalidad. Deluque Zuleta recordó además que en debates previos había advertido sobre decisiones que consideraba poco viables para el departamento, como el uso de carrotanques en medio de la crisis, y que sus recomendaciones no fueron escuchadas por entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

Lo más preocupante, advierte el senador, es que la economía y la movilidad de la ciudadanía no pueden quedar sometidas a los caprichos de grupos ilegales. Este tipo de situaciones generan un impacto social y económico que se siente en toda la región y afecta directamente a comunidades que ya están vulnerables.

Frente a esto, Deluque Zuleta hizo un llamado urgente a la administración. "Exijo al presidente y a las autoridades responsables una reacción inmediata, firme y sostenida", señaló, insistiendo en la necesidad de acciones concretas que permitan que el Estado recupere el control institucional en La Guajira.

Las autoridades enfrentan ahora el reto de restablecer la confianza de una ciudadanía que espera respuestas tangibles, no promesas. La población quiere superar ese clima de miedo y avanzar hacia un escenario donde la seguridad deje de ser un lujo para convertirse en una realidad cotidiana. El debate sobre cómo lograrlo sigue abierto, pero el tiempo para actuar se agota.