La Guajira vive días de zozobra. Un paro armado convocado por grupos ilegales ha puesto en jaque la vida normal de miles de personas en varios municipios del departamento. Comerciantes cierran sus negocios, transportadores no pueden trabajar, y la gente se queda en casa por miedo. En Riohacha, el corazón comercial del departamento, lugares emblemáticos como el Mercado Viejo prácticamente no funcionan. Es como si alguien invisible hubiera apretado el botón de pausa en toda la región.

Lo más inquietante es que quienes están imponiendo estas restricciones no son autoridades electas ni instituciones del Estado, sino estructuras criminales que actúan con la aparente libertad de hacerlo. Esto es lo que tiene a políticos y ciudadanos pidiendo explicaciones a gritos. El senador Alfredo Deluque Zuleta no se ha guardado nada al respecto. "Gravísimo lo que está ocurriendo en La Guajira", afirmó, cuestionando directamente por qué el Estado no ha logrado frenar esto. En su concepto, la presencia de grupos ilegales sigue dominando el territorio y la gente sigue viviendo con miedo.

Deluque ha sido particularmente crítico con la política de seguridad del Gobierno Nacional. Según el senador, esta crisis pone en evidencia que hay vacíos importantes en la capacidad estatal para garantizar protección en territorios donde la criminalidad manda. Incluso, ha cuestionado la política de "paz total" impulsada por el presidente Gustavo Petro, considerando que los hechos recientes demuestran que algo no está funcionando como se esperaba.

El congresista no deja pasar oportunidad para recordar que había advertido sobre decisiones institucionales previas, como el uso de carrotanques durante la crisis, pero asegura que sus recomendaciones no fueron atendidas por entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Lo que le molesta es la sensación de que la economía y la seguridad de los ciudadanos quedaron en manos de criminales.

El impacto es real y palpable. Mientras grupos ilegales dictan reglas, el comercio sufre, las familias pierden ingresos y toda la región económicamente débil se hace más vulnerable. "No se puede permitir que la economía y la movilidad de la ciudadanía dependan de determinaciones de grupos ilegales", enfatizó Deluque, resumiendo lo que probablemente piensan miles de guajiros en este momento.

El senador cerró con un ultimátum que refleja la frustración de muchos. "Exijo al presidente y a las autoridades responsables una reacción inmediata, firme y sostenida", dijo, pidiendo que el Estado recupere el control institucional y garantice seguridad de verdad. Por ahora, la Guajira sigue esperando esa respuesta, mientras comerciantes y ciudadanos cuentan las pérdidas de un paro que nadie pidió.