Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, un grupo de parlamentarios de América Latina y España levantó la voz para advertir sobre un tema que preocupa a la comunidad internacional: el panorama de violencia que rodea el proceso electoral colombiano. A través de una carta conjunta, la Unión Interparlamentaria y el Grupo de América Latina y el Caribe manifestaron su inquietud por lo que están viendo suceder en el país.

Los legisladores, encabezados por Rojo Edwards Silva, senador chileno y presidente de ambas organizaciones, reportan que tienen conocimiento de "distintas denuncias públicas e institucionales relativas a amenazas contra dirigentes políticos, candidatos presidenciales, parlamentarios y líderes de oposición, incluyendo particularmente las amenazas sufridas por la senadora Paloma Valencia y otros dirigentes políticos colombianos". El documento no es un simple llamado de atención, sino que refleja una preocupación genuina por lo que está pasando en territorio colombiano.

La carta también hace referencia a un antecedente que duele: el asesinato del Senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en 2025. Ese hecho marca un antes y un después en la percepción internacional sobre la seguridad electoral en Colombia. Los parlamentarios también expresan incertidumbre por la violencia política en regiones específicas del país, la presencia de estructuras criminales y posibles restricciones al ejercicio de derechos políticos.

Ante esto, la UIP y Grulac le piden al Estado colombiano que "adopten todas las medidas necesarias a fin de garantizar la vida, integridad y seguridad de candidatos presidenciales, parlamentarios, dirigentes políticos, periodistas, líderes sociales y ciudadanos". No es pedir demasiado cuando está en juego la democracia misma. También solicitan "preservar plenamente la independencia, legitimidad y credibilidad de las autoridades electorales colombianas", evitando que narrativas cuestionables erosionen la confianza en los resultados.

Los firmantes también consideran importante que el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la UIP pueda revisar las denuncias formuladas y evaluar acciones pertinentes. La idea es un acompañamiento internacional y parlamentario al proceso electoral, siempre respetando la soberanía nacional del país. Es un balance delicado entre ofrecer apoyo sin interferir.

La declaración cuenta con el respaldo de parlamentarios de siete países. Además de Edwards Silva, figuran María Rocío Abed de Zacarías, diputada paraguaya y vicepresidenta del Grulac; Ernesto Bustamante, congresista peruano; Cláudio Cajado Sampaio, diputado brasileño, y Rodrigo Goñi Reyes, presidente de la Cámara de Representantes de Uruguay. Representantes de Chile, Perú, Paraguay, Uruguay, Argentina, México y España se unen así en una sola voz para que Colombia tenga "elecciones libres, transparentes, pacíficas y plenamente legítimas".