El tráfico de fauna silvestre encontró en Cartagena una de sus modalidades más despiadadas. El pasado 12 de mayo de 2026, la Policía Metropolitana detectó movimientos sospechosos en dos pasajeros que intentaban abordar un vuelo con destino a República Dominicana en el aeropuerto internacional Rafael Núñez. Lo que parecía una inspección de rutina terminó siendo el descubrimiento de uno de los casos más aberrantes de comercio ilegal de animales que se haya registrado en el país.

Al revisar minuciosamente a la pareja —una mujer de 27 años y un hombre de 26, ambos originarios de La Jagua de Ibirico en Cesar— los uniformados encontraron tres primates vivos sujetos de manera cruel a sus cuerpos. Los monos estaban adheridos a sus partes íntimas con cintas adhesivas y telas compresivas, sometidos a un estrés extremo y en condiciones que pusieron sus vidas en grave peligro. Se trataba de dos monos cariblancos y un mono aullador, cuyo valor en el mercado negro de fauna exótica superaba los 26 millones de pesos.

La barbarie del ocultamiento dejó víctimas. El mono aullador no resistió la compresión prolongada y la falta de oxigenación, muriendo poco después de ser decomisado a pesar de los intentos de las autoridades por mantenerlo con vida. Los dos monos cariblancos que sobrevivieron fueron entregados a EPA Cartagena para que recibieran atención médica, hidratación y rehabilitación conductual.

El brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, no tuvo reparos en condenar lo sucedido. "Esta modalidad no solo es ilegal, sino que constituye una violación flagrante de los derechos de los animales y un acto de tortura", expresó el oficial. Sus palabras evidencian cómo estas redes de traficantes llegan a extremos inhumanos en busca de lucro.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Deberán responder por aprovechamiento ilícito de recursos naturales y tráfico de especies silvestres, delitos contemplados en los artículos 328 y 328A del Código Penal, con penas que van de 60 a 135 meses de cárcel sin opciones de reducción en varios casos.

Las autoridades ambientales reiteraron su compromiso para frenar estas prácticas y llamaron a los ciudadanos a denunciar cualquier actividad sospechosa que ponga en riesgo la biodiversidad del país. En Cartagena, una vez más, se demostró que la vigilancia constante en puntos de salida es fundamental para detener a quienes lucran con el sufrimiento animal.