Cuando el Gobierno sube el salario mínimo, pocos se percatan de que esa decisión también afecta directamente el precio de jubilarse. Y en Colombia, ese precio acaba de dispararse. Según Juan David Correa, presidente de Protección, una de las principales administradoras de fondos de pensiones del país, el capital que necesita un trabajador para poder pensionarse con el mínimo constitucional ha saltado de 350 millones de pesos hace poco tiempo a cerca de 550 millones hoy. Es un aumento de casi el 50%.

La razón es sencilla pero tiene consecuencias serias en el bolsillo. "Las pensiones se ven afectadas directamente por el incremento del salario mínimo. En Colombia, la pensión mínima está establecida por la Constitución sobre esa base. En la medida en que el incremento sea considerablemente superior a la capacidad de generación de valor de los recursos, los colombianos deberán acumular sumas adicionales para alcanzar su jubilación. Con incrementos tan considerables como el actual, se vuelve más difícil lograr el capital necesario para una pensión mínima", explica Correa. El problema es que cuando el salario sube más de lo que la economía realmente crece, los ahorros no alcanzan a crecer al mismo ritmo. El fenómeno se llama deslizamiento y genera sobrecostos en todo el sistema.

Este impacto será aún más agudo en el sistema privado, donde los trabajadores pueden jubilarse anticipadamente si reunen el dinero necesario. En el sistema público de Colpensiones, aunque también sube la mesada, los requisitos de semanas cotizadas y edad se mantienen igual. Pero en los fondos privados, si quieres jubilarte antes necesitas ese capital cada vez más grande.

Hay otro problema adicional para quienes ya están jubilados bajo la modalidad de retiro programado, es decir, aquellos que retiran poco a poco de lo que ahorraron. Si el salario mínimo sube demasiado rápido y los rendimientos de sus inversiones no acompañan, el dinero se agota más rápido de lo previsto. La ley obliga a garantizar que nadie reciba menos del mínimo, así que alguien tiene que cubrir ese faltante. Ese alguien es el sistema pensional, y eso genera un costo enorme.

La reforma pensional del Gobierno, que fue aprobada por el Congreso pero sigue en limbo mientras la Corte Constitucional decide si es constitucional, no soluciona este problema de raíz. Según Correa, la reforma tiene partes positivas como un programa de solidaridad para personas vulnerables, pero genera "una complejidad fiscal inmensa". El pasivo pensional de Colombia, es decir, lo que el país tendrá que pagar en pensiones futuras, está hoy en el 120 por ciento del PIB (el total que produce el país en un año). Con la reforma, ese número podría trepar a entre el 180 y el 200 por ciento del PIB. Es un compromiso financiero que el Estado difícilmente podrá sostener.

Mientras tanto, el Gobierno quiere obligar a los fondos a traer dinero de inversiones en el exterior. El plan es que en cinco años, máximo el 35 por ciento de los ahorros de los colombianos esté invertido afuera. Actualmente está en el 48 por ciento. La idea es que ese dinero se invierta en Colombia, pero hay un cálculo clave: según datos desde 2011, un millón de pesos invertido internacionalmente hoy valdría 3,2 millones. Ese mismo millón invertido solo localmente valdría 1,6 millones. Los rendimientos en el exterior han sido el doble. De hecho, de cada 100 pesos que recibe un pensionado en Protección, aproximadamente 70 corresponden a ganancias generadas por invertir en el exterior. Obligar a los fondos a traer ese dinero podría significar que los colombianos terminen con pensiones menores. Es lo que técnicamente se llama destruir valor para el ahorro de los trabajadores.