En las comunas de Medellín, grupos delincuenciales siguen buscando chavos jóvenes para engrosar sus filas. La Secretaría de Paz y Derechos Humanos reporta que en 2024 ocurrieron 30 reclutamientos de menores, cifra que bajó a 14 en 2025 y va en cuatro casos hasta ahora en 2026. Aunque los números parecen estar cayendo, defensores de derechos humanos advierten que el problema sigue siendo profundo y que muchas familias no denuncian por miedo.

Desde el Instituto Popular de Capacitación alertan que este reclutamiento es el motor que mantiene vivas a las bandas armadas. Carlos Zapata, presidente de esa organización, explicó que "es un ciclo que se da en una etapa de transición como es la adolescencia, lamentablemente también en la preadolescencia tenemos chicos que son vulnerables". Lo preocupante es que quienes hoy comandan estas estructuras ilegales también fueron enganchados siendo niños, perpetuando un ciclo de violencia.

La forma de reclutar varía según la zona. En contextos urbanos, las bandas buscan principalmente jóvenes que porten armas, a quienes llaman "probones", pero también necesitan chicos que sepan extorsionar y distribuir droga. "Lamentablemente sigue habiendo reclutamiento en contexto rural, es diferente al urbano, el urbano básicamente quieren jóvenes que porten un arma y los llaman probones, utilizan jóvenes que sepan extorsionar, que sepan vender", agregó Zapata.

Hay un subregistro importante de estos casos porque las familias afectadas temen represalias al denunciar. Esta realidad preocupa especialmente a defensores de derechos humanos en medio de la reactivación de los diálogos de paz urbana entre el gobierno y cabecillas de bandas. Para estos activistas, una exigencia ineludible en esas negociaciones debe ser que los grupos armados dejen de usar menores en acciones criminales, de lo contrario cualquier acuerdo sería incompleto.