En plena crisis comercial y diplomática entre Colombia y Ecuador, la candidata presidencial Paloma Valencia intentó posicionarse como negociadora de acuerdos binacionales. El gobierno ecuatoriano anunció que reduciría los aranceles a importaciones colombianas del 100% al 75%, una decisión que Valencia no tardó en reclamar como propia.

La senadora del Centro Democrático fue explícita. "Hoy conversé telefónicamente con el presidente Daniel Noboa de la República del Ecuador. Le expresé mi compromiso de cooperar en la recuperación de la seguridad a ambos lados de la frontera, en caso de ser elegida presidente de Colombia", escribió en X el 4 de mayo. Luego aseguró que "El presidente Noboa tomó la decisión de bajar los aranceles de 100% a 75% como muestra de su buena voluntad para trabajar con el próximo gobierno".

Valencia no se quedó ahí. Proyectó que si llega a la presidencia el próximo 7 de agosto, negociará con Ecuador para eliminar completamente los aranceles. También disparó contra el presidente Gustavo Petro, señalando que "El daño que se le ha causado al suroccidente del país es terrible; es una muestra más de la incapacidad de Petro de resolver el asunto".

El trasfondo de esta situación es complejo. Ecuador escaló los aranceles gradualmente: comenzó con un 30% en enero, subió a 50% y llegó al 100% el 1 de mayo como protesta contra el manejo de la seguridad fronteriza. La reducción al 75% entraría en vigencia inmediatamente, aunque el 1 de junio sería la fecha operativa para normalizar los trámites aduanales.

Pero la jugada de Valencia ha generado cuestionamientos. Críticos advierten que una candidata podría estar excediendo sus funciones al usar negociaciones diplomáticas como herramienta de campaña a menos de un mes de la primera vuelta electoral. La acción levanta dudas sobre si es apropiado que una precandidata se involucre directamente en gestiones de este nivel mientras compite por la presidencia.