Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, salió al paso del nombramiento de Daniel Quintero como nuevo superintendente de Salud en reemplazo de Bernardo Camacho. Durante un pronunciamiento en Bucaramanga, la senadora lanzó una batería de críticas contra el Gobierno nacional y su manejo del sistema de salud, dejando claro que considera este movimiento un paso en la dirección equivocada.

Según Valencia, el sistema de salud en Colombia está colapsado. Los pacientes enfrentan un muro de dificultades para conseguir lo más básico: medicamentos y citas médicas. La situación es particularmente grave en la Nueva EPS, donde las personas con enfermedades serias y discapacidades sufren retrasos en la atención. "A la gente no le dan medicamentos, no le dan citas", aseguró Valencia en su intervención pública.

La senadora también sacó a la luz lo que describe como irregularidades en el sistema de tutelas, un mecanismo legal que pacientes usan para exigir atención en salud. "¿Pueden creer que el señor que tenían de interventor, que era el gerente de esa entidad, le metía a la gente las tutelas pidiendo que los atendieran? ¿Y sabe qué hacía con las tutelas? Las iba archivando. Tiene diez años de arresto por incumplirlas. ¿Y sabe cuál fue el premio que le dio Petro cuando ya lo iban a meter preso? Lo nombraron superintendente de Salud", señaló con visible molestia.

Valencia dirigió sus críticas hacia Quintero señalando que su gestión como alcalde de Medellín dejó funcionarios imputados por corrupción. Consideró inapropiado entregar un sistema en crisis a personas que tienen cuestionamientos judiciales pendientes, mientras los colombianos siguen sin atención adecuada.

Frente a esta situación, Valencia plantea alternativas concretas. Primero, propone comprar medicamentos directamente para garantizar que lleguen a los pacientes sin demoras burocráticas. "Si nos ponemos a sanear deudas y no compramos medicamentos, mientras se hacen las cuentas nos vamos a quedar sin ellos", advirtió. Segundo, promete declarar un estado de atención especial durante los primeros 100 días de gobierno para resolver aproximadamente 10 millones de solicitudes pendientes en el sistema, movilizando recursos nacionales y personal del sector que, según ella, fue clave durante la pandemia.

Sobre la Nueva EPS y otras empresas intervenidas, Valencia es cautelosa. Reconoce que liquidar la Nueva EPS sería catastrófico porque destruiría las clínicas y hospitales del país, que dependen de los pagos de esta aseguradora. En Santander, Cúcuta, Popayán y el Valle, la Nueva EPS es el mayor deudor de las instituciones de salud. Por eso, dice, hay que hacer una evaluación rigurosa antes de tomar cualquier decisión sobre estas empresas.