A comienzos de marzo, Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, sacó a la luz dos convocatorias de Colpensiones publicadas con solo días de diferencia. Entre el 25 de febrero y el 4 de marzo, la entidad pensional sacó al mercado dos procesos de contratación que suman 27.510 millones de pesos en publicidad para este año. Los números despertaron las alarmas de la senadora, quien no dudó en cuestionar la estrategia detrás de estas licitaciones.

El primer contrato, por 12.339 millones, busca contratar servicios para diseñar y ejecutar "estrategias de divulgación en medios no masivos" con contenidos de orientación ciudadana sobre Colpensiones. Días después, el 4 de marzo, llegó el segundo: 15.171 millones destinados a "la planeación, implementación, seguimiento y evaluación de una estrategia integral de comunicación" con énfasis en medios masivos y acciones de gran alcance.

Aquí es donde Valencia levanta la voz. Para ella, estos dos contratos responden a una misma intención pero fueron divididos de forma sospechosa. "Fragmentaron la operación en dos contratos a pesar de que tienen prácticamente el mismo propósito", señaló. Pero su preocupación va más allá. La senadora también cuestionó si el Gobierno estaba usando recursos públicos con fines electorales. "¿acaso el Gobierno está aceitando la maquinaria durante elecciones para que mejore la percepción de Cepeda", preguntó Valencia, refiriéndose al candidato oficial.

Para Valencia, este tipo de gastos son más que despilfarro. "el gasto excesivo en publicidad también es una forma de corrupción" o una "mala administración del dinero público", afirmó. Desde el Centro Democrático pide que haya más control sobre este tipo de contrataciones. Hasta el momento, Colpensiones no ha respondido públicamente a estas acusaciones.

Las denuncias de la senadora no se quedan en Colpensiones. Valencia viene cuestionando lo que ella considera derroches sistemáticos del Gobierno actual. Su campaña se sostiene sobre la promesa de "menos impuestos y mejores salarios" a través de recortes en la burocracia estatal, a la que acusa de consumir el 45 por ciento del PIB. Propone eliminar 7.9 billones de pesos anuales en cargos públicos para redirigir esos recursos a inversión social.

En marzo también denunció irregularidades en el Fondo del Ministerio de la Igualdad para 2024-2026. Según Valencia, la ejecución presupuestal apenas llegaba al 48,77 por ciento, mientras que había programas con cero ejecución y más de 564 mil millones de pesos sin usar, sin que existieran proyectos para gastarlos. "Les subieron los impuestos a los colombianos para dejar la plata quieta en los bancos", reclamó.

La senadora también denunció que entre 2024 y 2026 se vincularon 4.684 personas al aparato estatal, y aseguró que "utilizaron los recursos de inversión de varios programas sociales para contratar a 4.134 trabajadores en misión en plena época electoral. Contratos suscritos a dedo, sin licitación, sin publicación completa en el SECOP y con millonarias adiciones".