Paloma Valencia, precandidata presidencial, levantó la voz esta semana para denunciar lo que califica como un posible desvío de casi $195 mil millones de dinero público en el Ministerio de Defensa. El caso gira alrededor del "Proyecto Fortaleza", una iniciativa que buscaba construir un complejo administrativo en Bogotá para concentrar todas las oficinas del sector defensa.

El contrato original se firmó el 2 de agosto de 2022, ya durante el gobierno de Iván Duque, con la Canadian Commercial Corporation, una agencia del gobierno canadiense. El monto total pactado fue de $1,5 billones y la obra debería estar lista en julio de 2026. Sin embargo, apenas cuatro meses después, el 19 de diciembre de 2022, cuando Iván Velásquez ya era ministro de Defensa, el contrato fue modificado de forma significativa. En esa ocasión se aumentó el anticipo inicial y se añadió una cláusula que autorizaba el giro de $195.375 millones como lo que llamaron "estimado de la remuneración" del proyecto completo.

Lo cuestionable, según Valencia, es que esos casi $195 mil millones fueron desembolsados antes de que la obra siquiera comenzara y sin que la empresa contratista entregara garantía alguna. La candidata también señala que el proyecto nunca despegó. En febrero de 2026, el Ministerio de Defensa terminó unilateralmente el contrato y ordenó la devolución de los recursos. Pero aquí viene lo más grave: según reveló Revista Cambio el pasado 4 de mayo, esos $195.375 millones ya habrían sido transferidos a la empresa y no habrían sido reintegrados. Además, otros $465.537 millones que fueron entregados como anticipo inicial siguen varados en una fiducia, un mecanismo financiero de protección.

El Ministerio justificó el desembolso anticipado diciendo que buscaba "mitigar el riesgo cambiario y garantizar la estabilidad financiera y operativa del proyecto". La empresa contratista, por su parte, argumentó que por ser un acuerdo entre gobiernos no podía otorgar garantías tradicionales y que contaba con el respaldo del gobierno canadiense. Sin embargo, Valencia cuestiona que los recursos que debían estar protegidos en la fiducia hayan salido de allí sin problema.

"El Ministerio de Defensa de Iván Velásquez modificó un contrato billonario y metió un MICO para entregarle $195.375 millones a un contratista por concepto de utilidad anticipada sin que hubiera colocado un solo ladrillo ni entregado una garantía", escribió Valencia en su denuncia pública. Desde entonces, la pregunta que flota en el aire es clara: "¿Cuál es la verdadera razón por la que el Ministerio de Iván Velásquez metió este mico?" Así lo cuestionó la misma candidata.