La senadora Paloma Valencia llevó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra el Decreto 234 de marzo de 2026, que el Ministerio de Trabajo expidió para reglamentar la negociación sindical obligatoria por sectores económicos. Según Valencia, esta medida viola la Constitución y pone en riesgo la viabilidad financiera de los empresarios pequeños del país.

El decreto en cuestión establece que los empleadores de una misma rama de actividad deben negociar de forma conjunta y unificada con las organizaciones de trabajadores. Valencia solicitó además la suspensión provisional de la norma, argumentando que "el Gobierno no puede crear negociaciones sindicales por sectores obligatorias para todas las empresas, sin importar si están en quiebra o no tienen los recursos para pagar las exigencias".

La congresista considera que el presidente Gustavo Petro actuó ilegalmente al revivir mediante decreto disposiciones que ya había rechazado el Congreso durante los debates sobre Reforma Laboral. Según Valencia, "A pesar que el Congreso negó estas normas absurdas en la Reforma Laboral, Petro se cree Rey y quiere pasar por encima de la Constitución". También señaló que al mandatario "le encanta legislar por Decreto".

Un aspecto central de la demanda es la obligación que tendrían las empresas de revelar su situación económica durante las negociaciones. Valencia advierte que esto forzaría a las corporaciones "a entregarle a los sindicatos toda su información financiera, incluyendo los secretos empresariales", describiendo esta exigencia como "una sentencia de muerte para las mipymes".

La senadora también cuestiona la figura de la cuota por beneficio convencional, que establece que los trabajadores no sindicalizados deben pagarle a las organizaciones sindicales una suma equivalente a la de los afiliados. Valencia rechaza este mecanismo al asegurar que se busca "crear una especie de impuesto que todos los trabajadores deben pagarle a los sindicatos, sin importar si son parte de ellos", lo que según ella tiene como objetivo "crear una extorsión permanente durante elecciones".

Con esta acción judicial presentada ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, Valencia busca detener lo que considera un empoderamiento excesivo e inconstitucional de las estructuras sindicales, argumentando que defiende los intereses de los colombianos frente a lo que cataloga como abusos del Gobierno.