El jueves 23 de abril marcó uno de los momentos más tensos de la campaña presidencial, cuando la senadora y candidata Paloma Valencia interpuso una demanda de nulidad simple ante el Consejo de Estado contra el Decreto 415 de 2026. Esta norma, expedida el 20 de abril por el Ministerio de Trabajo, ordena a las Administradoras de Fondos de Pensiones transferir aproximadamente 25 billones de pesos a Colpensiones. Se trata de recursos que pertenecen a más de 119.000 trabajadores que pasaron del régimen privado al público en los últimos 12 meses.

Valencia argumenta que el decreto viola la Reforma Pensional aprobada por el Congreso, que establecía que los fondos privados continuarían administrando esos recursos hasta que cada persona cumpliera los requisitos para jubilarse. Según la norma cuestionada, las AFP deben entregar el 50 por ciento de los recursos en los primeros 20 días y el restante 50 por ciento en los 10 días siguientes. La demanda busita dos objetivos: lograr la suspensión provisional urgente del decreto y su declaración de nulidad.

En sus redes, Valencia fue contundente: "Esto es un robo descarado al ahorro de los colombianos. Quieren tomar $25 billones en plenas elecciones", escribió, advirtiendo además que "el dinero de los colombianos está en riesgo y puede terminar despilfarrándose durante elecciones".

El presidente Gustavo Petro no tardó en responder desde su propia cuenta. "El decreto dice lo que es obvio en el mundo financiero: el ahorro de los cuentahabientes pertenece a los cuentahabientes, a nadie más", afirmó, acusando a Valencia de defender los intereses de "los banqueros dueños de Bancolombia" y los accionistas de los fondos privados. También la señaló de haber demandado la reforma laboral, acusación que Valencia rechazó tajantemente: "Y no mienta: yo no demandé la reforma laboral".

Lo interesante es que el Banco de la República ya había alertado al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, en marzo de 2026. En una carta, la entidad advirtió que el traslado anticipado "podría no tener sustento jurídico" y que vender de manera repentina esos activos en el mercado podría afectar negativamente las tasas de interés del país. Ahora la decisión reposa en manos del Consejo de Estado, aunque contra reloj: si las AFP transfieren el dinero antes de que haya un pronunciamiento judicial, los 25 billones ya estarían en Colpensiones cuando llegue la respuesta de los magistrados.