Paloma Valencia decidió llevar a la Corte Constitucional su inconformidad con el mecanismo que desató la crisis de los avalúos catastrales. La senadora y candidata presidencial interpuso una demanda contra el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro, argumentando que esta norma abrió la puerta para que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi realizara revaluaciones masivas de propiedades urbanas y rurales en todo el país, lo que se tradujo en incrementos brutales del impuesto predial.

El efecto de esa disposición fue tan disruptivo que generó movilizaciones en cadena. Hace poco, campesinos bloquearon vías en Boyacá, Antioquia, Risaralda, Cundinamarca y Santander. En este último departamento la situación fue más crítica: los bloqueos costaron 120 mil millones de pesos diarios, y en el área metropolitana de Bucaramanga entre 50 mil y 70 mil millones diarios. Al menos 16 municipios participaron en las protestas, incluyendo municipios como San Gil, Barichara y Lebrija.

Los números hablan por sí solos: algunos impuestos prediales se dispararon en un 8.000 por ciento, en un país donde el sistema tributario no se había actualizado en más de treinta años. La presión del campesinado obligó al Gobierno a sentarse en mesas de diálogo con el IGAC y líderes rurales, pero la disputa sigue sin resolverse de fondo.

Valencia sostiene que vio venir el problema desde 2023, cuando se discutía el Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso. Según ella, su bancada intentó eliminar ese artículo problemático, pero fue derrotada por las mayorías del Gobierno. "Este artículo se convirtió en un cheque en blanco para disparar los avalúos catastrales sin los controles necesarios", afirmó la senadora, quien describió el resultado como "prediales confiscatorios" que golpean especialmente a la clase media y pequeños propietarios.

La demanda ante la Corte Constitucional cuestiona si el artículo respeta la Constitución. Los argumentos se centran en una posible violación del debido proceso y del derecho a la propiedad privada, además de vulnerar principios de equidad y progresividad tributaria. La idea es que el alto tribunal determine si los mecanismos de la norma permitieron aumentos desproporcionados sin salvaguardas adecuadas.

Valencia advirtió que el tema seguirá en la discusión pública y legislativa en los próximos meses. Además, adelantó que si llega a la Presidencia promovería cambios para evitar que se repitan alzas de esta magnitud en Colombia.