Una decisión judicial en Bogotá desató una controversia diplomática que tiene en el medio a un ciudadano holandés acusado de narcotráfico. La jueza 44 Penal Municipal con función de control de garantías ordenó la libertad inmediata de Jozef Marcus Hendricka Van der Voort, quien había permanecido recluido en la cárcel La Picota desde su captura el 18 de febrero de 2026, cuando fue aprehendido en cumplimiento de una orden de extradición emitida por las autoridades de Países Bajos.

La tensión surgió porque la defensa del procesado argumentó que varios documentos del expediente no contaban con traducción oficial completa al español. Para la jueza, esta situación era grave: sin la documentación debidamente traducida, no se podía garantizar el debido proceso y la legalidad de la detención provisional quedaba cuestionada. Por eso decidió dejarlo en libertad el mismo día en que Países Bajos envió una nota diplomática formal pidiendo que se revocara esa medida.

Desde La Haya no estuvieron de acuerdo con el criterio de la magistrada. La embajada neerlandesa argumentó en su comunicación oficial que la designación de un traductor por parte de la Corte Suprema de Justicia tenía un propósito claro: garantizar los derechos del procesado durante la revisión del caso, pero sin afectar la validez ni la formalización de la solicitud de extradición. Además, insistieron en que su país cumplió con todos los requisitos formales y materiales exigidos por la ley colombiana.

Lo que más preocupa a Países Bajos es que Van der Voort, ahora en libertad, representa un alto riesgo de fuga que podría echar por tierra todo el proceso de extradición. Es un punto que tiene sentido: si el hombre desaparece, será difícil llevarlo ante la justicia neerlandesa para que responda por los delitos de narcotráfico que le imputan.

Ahora la pelota está en la cancha de la justicia colombiana. Serán los jueces los encargados de analizar los argumentos de ambas partes y definir si la liberación del ciudadano holandés fue la decisión correcta o si, por el contrario, debe revocarse para permitir que continúe el trámite de extradición. Mientras tanto, el debate jurídico sobre la legalidad del procedimiento sigue abierto.