El Pacto Histórico enfrenta una grieta incómoda sobre el futuro de Hollman Morris como gerente de la Radiotelevisión Colombiana. Hace poco más de una semana, la bancada de mujeres del colectivo, principalmente representantes en la Cámara, leyó en la plenaria un comunicado exigiendo su retiro del cargo. La solicitud fue clara y política: consideraban que en coherencia con los principios del proyecto gubernamental, Morris debería apartarse dado que pesa contra él la acusación de presuntos casos de acoso sexual.

La representante María Fernanda Carrascal fue la voz que llevó ese mensaje al Congreso. El comunicado señalaba que la reasignación del caso con enfoque de género era "un paso importante hacia procesos más justos y sensibles a las violencias históricamente ejercidas contra las mujeres". Parecía una posición unitaria de la bancada femenina, pero los hechos pronto desmintieron esa apariencia.

No tardó en llegar la respuesta. Otras senadoras e integrantes del Pacto Histórico hicieron llegar una carta directa al presidente Gustavo Petro, esta vez respaldar a Morris y exigir que se cumpla el debido proceso. El tono de la misiva es de defensa institucional: "A la fecha de suscripcion de esta carta, el señor Hollman Morris no ha sido sancionado penal, disciplinaria ni fiscalmente por actos de acoso sexual, acoso laboral ni detrimento patrimonial del Estado. Tampoco existen procesos abiertos en su contra. Esa es la realidad juridica".

Los firmantes insisten en un argumento que busca ser principista. Argumentan que en un Estado de Derecho, la culpabilidad no se determina en redes sociales ni medios, sino en juzgados. Además, advierten sobre algo que consideran fundamental: "La coherencia es irrenunciable: no podemos defender el debido proceso y la presuncion de inocencia selectivamente. El debido proceso es un principio o no es nada. Su aplicación al caso Morris no debilita la lucha contra el acoso: la fortalece", dice el documento.

Entre los firmantes están la senadora electa Sandra Chindoy, la senadora Gloria Flórez, la representante Yolanda Silva, y otras dirigentes del Pacto como Ana Teresa Bernal, concejala de Bogotá, y Yamile Cortés Pastrana. También respaldan la carta figuras de otras colectividades, incluida Marta Gladys Arenas del Partido Comunista, y cientos de activistas y militantes sociales.

La división pone en evidencia que dentro de la coalición de gobierno conviven visiones diferentes sobre cómo proceder frente a denuncias de este tipo. De un lado, quienes priorizan la respuesta política inmediata contra el acoso. Del otro, quienes apuntan a salvaguardar garantías procesales. Es un dilema genuino que, por supuesto, no tiene respuesta fácil.