El viernes 27 de febrero en la Plaza de Bolívar hubo un espectáculo político que costó 568 millones de pesos. Fue el cierre de campaña del Pacto Histórico con 30 artistas, tarimas, carpas, pantallas y todo lo que cabe en un evento de esa envergadura. Lo curioso es que apenas un día antes, el jueves, el Ministerio de Salud había montado un acto sobre Equipos Básicos de Salud en el mismo lugar, con la misma infraestructura. Los únicos cambios fueron las banderas y la publicidad política. Después de ambos eventos salieron a flote detalles incómodos sobre cómo se pagó todo esto y quién manejó la plata.

María Fernanda Carrascal, candidata a reelegirse por Bogotá, fue quien explicó los detalles. Dijo que la campaña se financia con un préstamo de la cooperativa Confiar y que aunque usaron la misma empresa productora de ambos eventos, eran "dos contratos distintos". Presentó una factura de 568 millones, pero aquí viene lo problemático: la factura fue pagada de contado, en efectivo, por César Giovanny Abadía Rojas, quien aparece como gerente de campaña. Daniel Briceño, candidato del Centro Democrático, citó la ley 1415 de 2011 y fue directo: "los recursos de campaña se reciben y administran a través de una cuenta única bancaria. El Pacto pagó $478 millones de la organización de su cierre de campaña en Bogotá en efectivo, eso está prohibido. Violaron la ley". Carrascal respondió que "se sacó de Confiar con un cheque de la cuenta de campaña y ese cheque se entregó al proveedor", pero usuarios en redes señalaron que a la fecha el préstamo no aparecía reportado en la plataforma Cuentas Claras, donde deben registrarse estos movimientos.

La congresista justificó los pagos en efectivo argumentando que "con Confiar movemos nuestra financiación y al ser una cooperativa mover grandes montos de manera digital es difícil, así que muchos pagos hemos tenido que hacerlos en efectivo a través de cheques que la misma cooperativa emite". La respuesta generó más críticas en redes por lo que muchos consideran poco creíble: que el sistema financiero colombiano no pueda transferir 500 millones de pesos. Ella contraargumentó que "no es lo mismo un banco a una cooperativa de crédito y ahorro".

Los problemas no terminan en el Pacto Fest. Paloma Valencia pidió a la Contraloría y la Procuraduría que investiguen si hubo uso de recursos públicos en actividades de campaña, especialmente considerando que el evento del Ministerio de Salud sobre Equipos Básicos ocurrió una semana antes de elecciones con la crisis sanitaria de fondo. Además, estas nuevas denuncias se suman a cuestionamientos previos: en octubre pasado, Iván Cepeda y Carolina Corcho recibieron donaciones problemáticas. El columnista Melquisedec Torres destapó que 1.462 millones de 2.392 millones en total provenían de empresas sin reportes financieros o lugares donde ya no funcionan, como un restaurante.

El evento de Cepeda el viernes fue grabado sin debates ni entrevistas. Fue la plaza 71 de su campaña. En su discurso de casi veinte minutos habló de "revolución ética" como primera propuesta, prometiendo erradicar la corrupción y bajar salarios si ganan. Pero insistió en que su campaña "es sin shows y estridencias" mientras minutos antes lo antecedían artistas nacionales, vallas móviles y fijas con su imagen, publicidad regada por todas partes. Un congresista del Pacto que estuvo en la tarima confesó bajo reserva: "Cepeda no es como Petro. Es mejor. Mire que hasta para decir los discursos no echa carrera". La ironía es evidente: quien promete austeridad y ética está en el centro de una tormenta por gastos opacos y pagos fuera del sistema que supuestamente debe fiscalizarlos.