Después de más de veinte años de lucha, miles de mujeres con endometriosis finalmente lograron que el Gobierno sancionara una ley que reconociera su enfermedad y ordenara medidas para mejorar su atención. Pero ahora, cuando el tiempo avanza y la implementación debería estar en marcha, las pacientes denuncian que el Ministerio de Salud simplemente no está cumpliendo. Y lo más grave: tampoco las ha dejado participar en las decisiones sobre cómo ejecutar lo que la ley ordena.

La Asociación Colombiana de Endometriosis e Infertilidad, ASOCOEN, levantó la voz públicamente con esta denuncia. La organización explica que en febrero pasado solicitó al Ministerio información detallada sobre el plan de acción para poner en marcha la Ley 2338 de 2023 y la política pública de endometriosis. La respuesta que llegó fue incompleta: un cronograma general sin las metas, indicadores de seguimiento, ni mecanismos concretos para que las pacientes participaran.

Ante eso, ASOCOEN tomó la decisión de presentar una acción de tutela. Argumentó que el Ministerio estaba vulnerando derechos fundamentales como la participación ciudadana, el acceso a información pública y el control social. Un juez le dio la razón y ordenó al Ministerio responder con seriedad en 48 horas. Pero cuando pasó ese plazo, la respuesta no llegó. Por eso ahora la organización tramita un incidente de desacato y prepara escritos adicionales para presionar la ejecución de lo ordenado judicialmente.

Lo que realmente molesta a ASOCOEN va más allá de lo jurídico. La organización señala que "Lo que está en discusión es el derecho de miles de pacientes a participar en la implementación de las decisiones públicas que impactan directamente su salud y su calidad de vida". Y agregó algo que duele: "Las pacientes no pueden ser convocadas únicamente para construir una ley o una política pública y luego ser excluidas de los espacios donde se toman las decisiones sobre su implementación".

ASOCOEN, que durante más de una década ha documentado las dificultades de las mujeres para acceder a diagnóstico y tratamiento, ahora impulsa una estrategia de veeduría ciudadana. Realizarán espacios de diálogo con pacientes y profesionales de la salud, darán seguimiento a la implementación de la política pública y trabajarán con organismos de control y la academia. Además, hizo un llamado público a pacientes, familiares, investigadores y profesionales de salud para que se sumen a este proceso de control social.

Hasta ahora, el Ministerio de Salud no ha respondido públicamente a las acusaciones de ASOCOEN.