Kevin Arley Acosta Pico tenía 7 años cuando murió. Padecía hemofilia A severa, una enfermedad que con el tratamiento adecuado no debería limitar la vida de un niño. Pero Kevin dejó de recibir su medicación desde el 12 de diciembre de 2025 porque la Nueva EPS no contrató al prestador responsable de suministrarlo. Cuando llegó el accidente en bicicleta, su cuerpo no tenía las defensas para detener la hemorragia. El país se convulsionó. Lo que sucedió después, sin embargo, generó una ola de indignación aún más profunda.

El presidente Gustavo Petro y su ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, apuntaron en otra dirección. Para ellos, la culpa estaba en que Kevin no debería haber estado en una bicicleta. En el Consejo de Ministros, Petro afirmó: "¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? En primer lugar, la familia. Si se educa más, está en mejores condiciones de prevenir (...) Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos. Si el médico o el sistema de salud no enseña, la mamá no sabe, las mamás no nacen aprendidas, menos en los niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia".

La respuesta de quienes viven esta realidad no se hizo esperar. Manuel Santiago Ordóñez, vicepresidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos, salió a confrontar lo que llamó una visión completamente equivocada. Para él, las palabras presidenciales eran "inapropiado, es improcedente, y además hace ver a la hemofilia como una condición arcaica". Los pacientes no están pidiendo que sus hijos vivan como reclusos. Lo que piden es que reciban el tratamiento a tiempo. "La hemofilia tiene un tratamiento que le permite a los niños y a los adultos tener una vida normal, una vida sin limitaciones, siempre y cuando reciban oportunamente un tratamiento, cosa que Kevin no recibió", subrayó Ordóñez.

El vocero de los hemofílicos pintó un panorama desgarrador de lo que está ocurriendo en el país. No es un problema aislado. Él mismo ha sufrido sangrados oculares, otros pacientes están en la unidad de cuidados intensivos por hemorragias nasales, y en Bucaramanga hay hospitalizaciones que se prolongan por sangrados severos. Todo por lo mismo: las EPS no están contratando a los prestadores que tienen la tecnología y los medicamentos. Desde diciembre, miles de pacientes no reciben sus medicinas. "La tecnología existe, solo hay que contratarla", dijo Ordóñez. Su mensaje al Gobierno fue claro: "Necesitamos que se contrate a los prestadores con las capacidades técnicas y profesionales para atender a los pacientes y evitar más catástrofes como esta. Es voluntad política y administrativa".

La Sociedad Colombiana de Pediatría también se unió al clamor. En un comunicado rechazó "cualquier señalamiento que pretenda trasladar responsabilidades a las familias" y recordó que "la protección de la infancia es una obligación del Estado, del sistema de salud y toda la sociedad". Exigieron investigaciones transparentes para establecer quiénes son responsables de lo que pasó. La agremiación también manifestó preocupación porque situaciones como la de Kevin evidencian fallas sistémicas en el acceso a medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas y de alto riesgo. Ya han comenzado a reunirse con asociaciones de pacientes y expertos para hacer seguimiento al suministro de tratamientos.

Lo que quedó claro en estos días es que Colombia tiene los medicamentos, tiene el conocimiento para tratar la hemofilia, pero hay un quiebre en la voluntad de garantizar que lleguen a quienes los necesitan. Kevin pagó con su vida por esa negligencia. La pregunta ahora es si el Gobierno escuchará antes de que otro niño tenga que morir.