En un movimiento sin precedentes que refleja la profundidad de la crisis sanitaria en el país, Pacientes Colombia acudió a la Fiscalía General de la Nación para presentar una denuncia penal contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. La acción judicial se fundamenta en un presunto fraude a resolución judicial, acusando al funcionario de incumplir de manera "consciente y reiterada" las órdenes que ha emitido la Corte Constitucional para garantizar que el sistema de salud tenga suficiencia financiera.

La organización, que agrupa a 202 asociaciones de pacientes en Colombia, argumenta que esta omisión administrativa ha generado una inestabilidad que pone en riesgo el derecho fundamental a la salud de millones de ciudadanos. Los denunciantes sostienen que Jaramillo ha ignorado fallos históricos de la Corte, como la Sentencia T-760 de 2008, al no ajustar correctamente la Unidad de Pago por Capitación, conocida como UPC, basándose en estudios técnicos y no solo en la inflación. Además, la denuncia cuestiona los pagos tardíos e insuficientes en los presupuestos máximos que deben recibir las entidades prestadoras de servicios de salud, situación que ha profundizado su inestabilidad financiera.

Pacientes Colombia también señala que las mesas técnicas ordenadas por el alto tribunal han funcionado como un "mecanismo formal" sin deliberación real, donde se han excluido actores fundamentales y se ha ocultado información técnica esencial. Este fuerte movimiento jurídico cobra relevancia en un momento de particular sensibilidad: la denuncia llega apenas días después del fallecimiento del niño Kevin Acosta, caso que se convirtió en símbolo de la inestabilidad del sistema tras la falta de entrega de medicamentos para la hemofilia.

Mientras el ministro Jaramillo insiste en que el sistema "está pagando a tiempo" y atribuye tragedias como la de Kevin a la falta de prevención en actividades físicas, las organizaciones de pacientes han escalado sus demandas. Ahora solicitan medidas cautelares urgentes, incluyendo la suspensión temporal de las funciones del ministro relacionadas con el giro de recursos, para evitar que el desfinanciamiento continúe cobrándose vidas en Colombia.