En Riohacha hay una mujer que vive en la incertidumbre mientras espera un procedimiento médico que debería haberle practicado hace ya varios meses. María Isabel Cabrales Navas, paciente afiliada al magisterio, viene solicitando desde noviembre de 2025 una capilaroscopia que su médica reumatóloga consideró urgente. El motivo: la sospecha de que padece síndrome o fenómeno de Raynaud, una condición que le causa que las manos se le pongan moradas, rígidas y con dificultad para moverlas.

Lo que hace más complejo el caso es que la propia reumatóloga dejó constancia en su historia clínica de que Cabrales Navas es una paciente de alto riesgo de descompensación y que no puede estar muchas horas sentada en trayectos prolongados. Eso la hace una candidata clara para que su atención sea prioritaria. Sin embargo, meses después de esa evaluación inicial, el procedimiento sigue sin hacerse realidad.

La paciente decidió acudir a la justicia. El Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Riohacha le dio la razón y amparó sus derechos fundamentales a la vida digna, a la salud y a la seguridad social. La decisión judicial fue clara: ordenó al FOMAG que le garantizara el traslado a Barranquilla para que le practicaran la capilaroscopia, además de suministrar recursos para un acompañante y cubrir alimentación y alojamiento si era necesario. También mandó entregar de inmediato los medicamentos que su médico tratante le había prescrito desde octubre de 2025.

Pero aquí viene lo que más duele. A pesar de que pasaron los meses y a pesar de que existe una orden judicial, el procedimiento sigue sin concretarse. Cabrales Navas cuenta que ahora le informaron sobre una posible atención en CardioMedic para finales del próximo mes, cuando llegaría un médico desde Bogotá. Para ella, eso no es una solución real, porque existe una orden clara que mandaba hacer el procedimiento en Barranquilla. Lo que la paciente necesita no son más esperas administrativas, sino que cumplan lo que ya un juez determinó.

El asunto escaló aún más cuando llegó a incidente de desacato. El Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira revisó lo que pasó y confirmó una sanción contra Herman Bayona Abello, vicepresidente del FOMAG, y Jorge Bernal Conde, gerente nacional de Servicios de Salud de Fiduprevisora S.A. La sanción es de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes y dos días de arresto para cada uno. El Tribunal fue contundente al señalar que no había evidencia de que se hubiera autorizado el procedimiento ni que se entregaran los recursos necesarios para el traslado a Barranquilla. Los funcionarios tampoco presentaron pruebas de que fuera materialmente imposible cumplir la orden.

Cuando La Guajira Hoy se comunicó con el FOMAG para conocer su posición, la respuesta fue que la abogada regional no tenía competencia para entregar entrevistas sobre estos casos. Explicó que eso corresponde al nivel central de la entidad. Con eso, evitaron dar detalles sobre fechas concretas o sobre cómo piensan cumplir la orden judicial.

Mientras tanto, Cabrales Navas sigue esperando. Su caso es el reflejo de un problema más amplio: las barreras que enfrentan los pacientes del magisterio cuando necesitan procedimientos especializados. Algunos tienen que llegar hasta una tutela, un incidente de desacato y una sanción judicial solo para reclamar una atención que un médico ya ordenó y que un juez ya mandó que se cumpliera.