La designación de Jorge Iván Ospina como nuevo interventor de Nueva EPS abrió las compuertas de la polémica en el sector salud y en los pasillos políticos del país. El presidente Gustavo Petro confirmó el nombramiento cuando vencía la resolución anterior que mantenía a la entidad bajo medida administrativa desde 2024. Con esta decisión, Ospina asume el timón de una de las empresas prestadoras de servicios de salud más grandes de Colombia, pero en el peor momento posible.

Lo que más levanta cejas es el perfil de quien llega a comandar Nueva EPS. Aunque Ospina tiene formación sólida en medicina y gestión sanitaria, su carrera reciente está teñida de política: fue alcalde de Cali en dos ocasiones, senador y más recientemente designado como embajador ante Palestina. Eso le ha valido críticas de sectores que cuestionan si un cargo de este nivel debe depender de criterios técnicos y no de alineamientos políticos. El Gobierno ha salido a defender su experiencia en administración pública y en salud, pero el timing no ayuda: el nombramiento llega en contexto preelectoral, lo que alimenta sospechas sobre motivaciones más allá de lo meramente administrativo.

Hay otro problema que agrava la desconfianza: en apenas dos años, cinco personas han pasado por la dirección de Nueva EPS. Eso no inspira confianza. La falta de continuidad en la gestión se traduce en decisiones inconsistentes y en que nadie asume realmente la responsabilidad de solucionar nada.

Mientras tanto, la realidad de los 11,5 millones de afiliados sigue siendo un desastre. Las quejas contra Nueva EPS se dispararon un 107% en el último año. Las tutelas fueron al cielo entre 2024 y 2025. La Defensoría del Pueblo reportó miles de solicitudes que quedan sin respuesta. Lo que la gente vive día a día es muy simple: demoras para recibir medicamentos, acceso complicado a servicios médicos, una entidad que simplemente no responde.

Por si fuera poco, el fantasma de los problemas financieros sigue rondando. La Contraloría tuvo que hacer una inspección porque la Nueva EPS ni siquiera presenta sus estados financieros recientes. Se habla de deudas con el sector farmacéutico que presionan cada vez más la situación de la administración. Todo esto refuerza la sensación de que la intervención no ha logrado nada definitivo en dos años.

Ospina llega entonces a un escenario de máxima exigencia: tiene que reducir esa montaña de quejas acumuladas, mejorar la prestación de servicios, reorganizar internamente una entidad que funciona a los tumbos y responder a los organismos de control. Mientras, debe intentar estabilizar financieramente una EPS que se desmorona. Su gestión dirá si finalmente esta intervención logra rescatar algo de esta crisis o si simplemente será otro director de tránsito en una entidad sin rumbo.