Otro ataque con drones ha cobrado la vida de un militar colombiano. Óscar Enrique Palacios Rivas fue asesinado en la vereda Santa Helena del municipio de Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar, cuando presuntamente integrantes del frente 37 de las disidencias de las Farc lanzaron su ofensiva aérea. Un compañero suyo también resultó herido en el mismo incidente, de acuerdo con lo que se conoce hasta ahora.

Este episodio no es aislado. En el municipio de Arenal, también en Bolívar, cuatro militares del Batallón de Infantería de Selva fueron heridos cuando el ELN activó artefactos explosivos. Aunque sus lesiones no fueron graves, fueron trasladados a Bucaramanga para recibir atención especializada. Lo que preocupa en los cuarteles es que estos ataques con drones se están convirtiendo en una táctica cada vez más frecuente en diferentes regiones del país.

El Ejército Nacional rechazó categóricamente estos métodos. "El Ejército Nacional rechaza de manera categórica el empleo de estos medios y métodos ilícitos de guerra, los cuales constituyen una flagrante infracción al derecho internacional humanitario y una violación de los derechos humanos. Así mismo, ratifica su compromiso inquebrantable de mantener las operaciones militares en la región, con el propósito de neutralizar las acciones criminales de los grupos armados organizados y garantizar la seguridad de los habitantes del sur de Bolívar", comunicó la institución.

Frente a esta amenaza creciente, el Gobierno ha reaccionado. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, junto con las carteras de Defensa y Transporte, presentó un proyecto de ley en el Congreso que busca establecer reglas claras sobre cómo se pueden usar, transportar y controlar los drones y los sistemas para contrarrestarlos. El objetivo es cerrar los vacíos legales que hoy permiten que grupos armados ilegales utilicen estas tecnologías sin restricción.

De manera paralela, el Ejército está en proceso de seleccionar tecnologías antidrones. Ha enviado equipos evaluadores a tres continentes y seis países para probar sistemas de más de diez empresas especializadas de Asia, Norteamérica y Europa. Con esta información, esperan identificar cuál es la mejor opción para proteger a las bases militares y poblaciones civiles de estos ataques.