Mientras usted compra una taza de café, en varias regiones del país se extrae oro de forma clandestina. Mucho oro. Según expertos reunidos en un foro organizado por la Casa Editorial El Tiempo y la Federación Nacional de Departamentos, hasta el 80% del oro que circula en Colombia proviene de operaciones ilegales que financian directamente a estructuras criminales. Para ponerlo en perspectiva: eso significa que de cada diez kilos de oro del país, ocho están ligados a delincuencia organizada.

El impacto económico es brutal. Solo en pérdidas por minería ilegal, Colombia deja de recibir entre 4 y 5 billones de pesos. Pero el problema no es solo el dinero que se va. Es que ese dinero financia a grupos armados ilegales que controlan territorios, impiden que el Estado gobierne y generan violencia. En Nariño, por ejemplo, salen entre 15 y 20 toneladas de oro anuales por la puerta trasera, lo que representa más de 300 mil millones de pesos que nunca llegan a las arcas públicas ni a la economía formal.

Aquí está la paradoja que los expertos señalaron con frustración: el Estado trata la minería ilegal como un delito ambiental. Eso es un error estratégico. Didier Tavera, director de la Federación Nacional de Departamentos, fue claro en su conclusión: "La legislación tiene que empezar a hablar de un crimen contra la seguridad del Estado por el problema que conllevan las rentas criminales y el control territorial". Lo que antes eran multas por contaminar ahora debería ser procesado como un ataque frontal a la seguridad nacional.

El otro lado del problema es la burocracia. Juan Camilo Nariño Alcocer, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, explicó que hay empresas que han esperado hasta 10 años para obtener un permiso de extracción legal. Mientras tanto, en esos mismos terrenos opera la minería ilegal sin restricción alguna. El resultado es predecible: entre el 40% y el 55% de los pequeños mineros en zonas donde operan empresas formales logran formalizarse cuando tienen acompañamiento, pero la mayoría no lo tiene. El riesgo y la ilegalidad siempre son más rápidos que la legalidad.

La minería ilegal no es un fenómeno uniforme. Opera en tres niveles simultáneamente: está integrada en dinámicas sociales de regiones como Antioquia, Cauca, Nariño y Chocó donde convive con comunidades; funciona en zonas donde empresas formales trabajan junto a mineros pequeños; y devastador, ocurre en parques naturales y áreas protegidas donde no debería haber extracción de ningún tipo. En cada caso, la solución requiere estrategias diferentes.

Lo que los participantes del foro dejaron claro es que combatir esto requiere decisión política real. No es solo un problema ambiental ni solo una cuestión de seguridad: es una amenaza integrada que toca la seguridad, la gobernabilidad territorial, el medio ambiente y la economía formal simultáneamente. Y mientras Colombia siga tratándolo como un asunto menor, el oro seguirá siendo extraído en la oscuridad, financiando a quienes el Estado dice combatir.