El sector minero colombiano está furioso y lo hizo público esta semana. El Sindicato de Productores y Comercializadores de Oro de Colombia lanzó un comunicado denunciando lo que llama una crisis de contrabando masivo que está acabando años de esfuerzos por formalizar la minería. Lo más grave: señala directamente a las autoridades supuestamente encargadas de frenar el delito. La DIAN, la Unidad de Información y Análisis Financiero, la Fiscalía y la Policía están en la mira del gremio, que asegura estas entidades saben lo que ocurre pero no actúan.

La operación funciona así: dinero que viene desde Venezuela en forma de criptomonedas como el USDT entra al país, compra oro de forma ilegal en zonas como el Bajo Cauca, el Nordeste antioqueño y el Chocó, y luego sale por una ruta bien definida. El metal viaja desde ciudades identificadas como Medellín, Cali, Pereira, Bucaramanga, Cúcuta y Bogotá hasta la frontera. Cruza hacia San Antonio del Táchira, llega a Caracas, y desde allí sale en vuelos de Turkish Airlines hacia Estambul y finalmente a Dubái. El oro viaja con documentación irregular, en lo que el sector llama "facturas chimbas", y en algunos casos simplemente en maletas de pasajeros que cobran alrededor de 500 dólares por el trayecto.

Lo que mata al sector formal es el precio. Mientras los comercializadores legales pagan entre el 90 y el 93,5 por ciento del precio internacional del oro para cubrir trámites y costos, los compradores venezolanos ofrecen entre el 96 y el 96,5 por ciento. Es una diferencia que parece pequeña pero que es tentadora para mineros pequeños y barequeros que necesitan vender rápido. Los venezolanos llegan con bolsas de efectivo de entre 2 y 10 millones de pesos, reparten dinero en la mañana y recogen oro por la tarde, sin papeleos ni delays.

Las cifras son demoledoras. Comercializadores legales que antes movían más de 50 kilogramos semanales ahora apenas logran recoger 10. Se estima que más de una tonelada sale mensualmente de contrabando, lo que significa regalías que no llegan a alcaldías y gobernaciones de zonas productoras. Eso son recursos que deberían beneficiar a comunidades mineras y se pierden en operaciones criminales.

Hubo un momento de esperanza. En noviembre del 2025, Estados Unidos cerró el espacio aéreo venezolano, paralizando completamente la salida de oro ilegal y permitiendo que el comercio formal respire. Pero fue temporal. El 3 de enero una intervención en Caracas prolongó el cierre hasta Semana Santa, y apenas terminó ese período, el contrabando volvió con fuerza.

Cansado de paciencia, el sindicato hizo un llamado amenazante. "De lo contrario, se tomarán vías de hecho y se expondrán públicamente sus ubicaciones, rutas, nombres y fachadas comerciales ante las autoridades. Finalmente, habrá una guerra frontal con consecuencias como la privación de la libertad, extinción de dominio y grandes pérdidas de capital y material", dice textualmente el comunicado.

Lo que más frustra al sector es sentir que autoridades conocen lo que ocurre pero se cierren en banda. Fuentes del gremio aseguran haber alertado en varias ocasiones a la DIAN, la UIAF y la Policía Nacional, pero la respuesta es siempre la misma: sin pruebas contundentes, no se puede actuar. Mientras eso ocurre, el oro colombiano se va, los municipios pierden ingresos, y mineros pequeños siguen vendiéndole a redes criminales porque es la opción que más dinero les deja en el bolsillo.