En un gesto de solidaridad con el senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro, un amplio colectivo de organizaciones de víctimas, defensores de derechos humanos, líderes sociales y sindicalistas de Antioquia salió al paso de la decisión de la Asamblea Departamental. El 17 de marzo, esa corporación había declarado "persona no grata" al congresista, pero ahora las organizaciones firmantes hacen un pronunciamiento en dirección contraria, recibiéndolo como "persona grata" y reconociendo su trayectoria en defensa de los derechos humanos y su compromiso con quienes han sido víctimas del conflicto armado.

El pronunciamiento responde a los cuestionamientos que sectores políticos de extrema derecha han levantado contra Cepeda por incluir en su programa de gobierno referencias a fenómenos como la parapolítica, la narcoeconomía y el terrorismo de Estado en Antioquia. Estos sectores han calificado tales menciones como "estigmatizantes", pero para las organizaciones firmantes eso no es más que etiquetar realidades que están bien documentadas por la justicia y por la historia. En el documento afirman que "la verdad no es estigmatizante" y subrayan que "negar esta realidad no protege el buen nombre del departamento, sino que invisibiliza a miles de víctimas y perpetúa la impunidad".

Las organizaciones rememoran el caso de Jesús María Valle, cuyo asesinato, según ellas, ocurrió después de que advirtiera sobre las violencias que azotaban la región. Ese ejemplo, argumentan, prueba que "la verdad es el único camino hacia la justicia". Para estos colectivos, la labor del senador ha sido "fundamental para esclarecer el conflicto, reconocer a las víctimas y avanzar hacia la justicia", y consideran que señalar los hechos y nombrar a los responsables es "un acto de dignidad y de sanación", no un factor de división.

Los firmantes también advierten sobre lo que llaman manipulación política en tiempos electorales. Cuestionan el uso de "falsos señalamientos diseñados para manipular la opinión pública" y afirman que "manipular con fines políticos la voz de las víctimas, en vez de escucharlas, es una afrenta que siempre rechazaremos". Con esta perspectiva, extienden una invitación pública al senador para que asista a la Asamblea Departamental, viendo su presencia como una garantía de que la verdad seguirá siendo nombrada en el territorio.

El conflicto tiene origen en el programa de campaña que Cepeda presentó para el período 2026-2030, el cual dedica un capítulo específico a Medellín y Antioquia en el contexto de la memoria histórica y la violencia política colombiana. En ese documento el senador alude de manera reiterada a la parapolítica, la narcoeconomía y el "terrorismo de Estado", presentando al departamento como "escenario central" de esas problemáticas, lo que generó la reacción de la Asamblea y ahora este respaldo contrapuesto de sectores sociales que ven en esas menciones un paso necesario hacia la verdad.