En el Atlántico crece la indignación después de que Edgar Jair Aguilar Soto, señalado como responsable del feminicidio de su esposa Clara Milena Álvarez Díaz, quedara en libertad el pasado 21 de febrero. Su salida de la cárcel no obedeció a una sentencia de inocencia, sino a un tropiezo del sistema judicial: demoras que permitieron el vencimiento de los términos procesales. Para las organizaciones defensoras de derechos de las mujeres en la región, esto representa mucho más que un tecnicismo legal: es un fracaso del Estado.

Ruth Pareja, activista de la Red de Mujeres del departamento, fue contundente al describir lo sucedido. "Elevamos una voz enérgica para que se abran procesos disciplinarios a los funcionarios públicos; la Procuraduría debe poner la lupa en esto", expresó ante los medios. Para Pareja y su organización, este fallo judicial no es un caso aislado sino síntoma de una justicia que antepone los procedimientos a la protección de la vida de las mujeres. La activista catalogó la decisión como una "ineficacia estatal" que envía un mensaje peligroso: que los agresores pueden quedar impunes por culpa de la burocracia.

El caso de Aguilar Soto llama la atención precisamente por sus tiempos. El procesado se entregó voluntariamente en abril de 2025, meses después de que presuntamente atacara a su esposa con un martillo y un cuchillo en el barrio Sinaí. Sin embargo, desde la acusación fiscal transcurrieron más de 140 días sin que se instalara el juicio oral. Ese retraso fue determinante para que un juez del Circuito de Soledad tuviera que ordenar la libertad del acusado por vencimiento de términos.

Desde la Red de Mujeres insisten en que la sobrecarga de trabajo en los juzgados no puede convertirse en escusa para vulnerar a las víctimas de violencia de género. "No es competencia de los familiares si los funcionarios tienen o no muchísimo trabajo; es una problemática interna que deben resolver sin afectar la dignidad humana", señaló Pareja. La defensora advirtió que estas fallas procesales no solo dejan impune al presunto feminicida, sino que revictimizan a la familia de Clara Milena cada vez que la justicia falla.

La situación se complicó aún más cuando el juez desestimó aplicar la Ley 2477 de 2025, normativa creada justamente para evitar que casos de feminicidio queden en libertad por plazos muy cortos. El funcionario argumentó que por el principio de no retroactividad, esa ley no cubría un crimen ocurrido antes de su entrada en vigencia. Para las organizaciones de mujeres, este vacío legal evidencia la falta de herramientas efectivas para proteger a las víctimas.

La Red de Mujeres ha decidido mantener presión sobre las autoridades. Exigen que la Comisión de Disciplina Judicial investigue a los magistrados y fiscales involucrados en el manejo de este caso. Aunque Aguilar Soto ahora enfrenta el juicio en libertad, las organizaciones advierten que continuarán vigilantes para que el proceso penal avance sin dilaciones y se logre una sentencia condenatoria ejemplar que devuelva algo de justicia a la memoria de Clara Milena y a su familia.