En el norte y nordeste de Antioquia, la vida rural se ha paralizado. Los campos minados por grupos armados ilegales tienen a los campesinos prácticamente recluidos en sus casas, sin poder moverse libremente por sus territorios. Esta situación ha encendido las alarmas en las organizaciones de derechos humanos, que ven cómo el miedo y la inacción estatal van cercando cada vez más a las comunidades rurales.

La Fundación Sumapaz ha sido clara en su advertencia: "las poblaciones rurales se han tenido que confinar en sus casas por temor y la falta de acción del estado para erradicar esas minas antipersonas". La organización exige que se garantice la libre movilidad en los territorios rurales, un derecho fundamental que actualmente les está siendo arrebatado a miles de personas.

Desde la administración local ya están pidiendo ayuda. La Secretaría de Seguridad de Antioquia ha mandado oficios al Ministerio de Defensa denunciando la falta de operaciones de desminado en algunas zonas del departamento. Incluso el batallón de desminado ha reconocido públicamente que el riesgo en la seguridad ha impactado su capacidad para trabajar en estas áreas.

El Ejército Nacional no se ha quedado de brazos cruzados. La Cuarta Brigada ha destruido 25 artefactos explosivos instalados en caminos rurales durante este año y continúa realizando inspecciones en la región. Pero los grupos armados ilegales no paran: siguen sembrando estas minas con el objetivo de afectar tanto a la población civil como a las tropas militares.

Las zonas más críticas están concentradas en el norte, Bajo Cauca y nordeste del departamento, donde la presencia sospechada de minas antipersonal es mayor. Lo que debería ser una tierra de oportunidades para los campesinos se ha convertido en un territorio de restricciones y temor.