En Córdoba se encendieron las luces de alerta. La posibilidad de establecer una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Tierralta tiene preocupadas a las organizaciones de derechos humanos del departamento. La Fundación CORDOBERXIA no se anduvo con vueltas y rechazó públicamente la medida, argumentando que las negociaciones detrás de esto generan inquietud en las comunidades rurales de la zona.

Lo que más llama la atención del pronunciamiento es que la organización cuestionó cómo se ha llevado adelante todo el proceso. Según su comunicado, el Gobierno habría avanzado en la implementación sin suficiente claridad ni participación real del territorio. Y eso duele más cuando hablamos de Tierralta, un municipio que ha vivido en carne propia los efectos de la violencia durante décadas.

CORDOBERXIA puso el dedo en la llaga con una advertencia que muchos comparten: reunir integrantes de una estructura armada en áreas rurales de Tierralta sin garantías sólidas podría traer riesgos nuevos para la gente del común. Esos riesgos aumentan si no hay un control institucional real, verificación independiente y acompañamiento constante de las mismas comunidades.

Por eso la fundación fue clara en sus peticiones. Le piden al Gobierno Nacional que pare la implementación de la ZUT mientras no se aclaren las denuncias sobre cómo se negoció todo esto. También exigen más transparencia de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y que organismos internacionales hagan veeduría del proceso.

El mensaje de fondo es que Córdoba no necesita cualquier tipo de paz. Necesita una paz que le apueste a las víctimas, que escuche de verdad a sus comunidades y que no ponga en riesgo la seguridad de los territorios que tanto han sufrido.