En el Norte de Antioquia continúan saliendo a la luz los detalles de uno de los crímenes más golpeadores de los últimos meses. Ocho meses después del asesinato del concejal Juan Camilo Espinosa en San Andrés de Cuerquia, las autoridades judiciales han identificado y capturado no solo a quien apretó el gatillo, sino también al hombre que habría ordenado su muerte.

El crimen ocurrió el 16 de junio pasado cuando Espinosa, un concejal de 32 años afiliado al partido Autoridades Indígenas de Colombia, se desplazaba en silla de ruedas por la zona urbana del municipio. Las cámaras de seguridad captaron todo. Según el fiscal del caso, "la víctima, de 32 años y en condición de discapacidad motriz permanente, se desplazaba en silla de ruedas por el centro del municipio y fue atacada intempestivamente con arma de fuego". El atacante le disparó tres veces: dos en la cabeza y una en el pecho, mientras tres mujeres que lo acompañaban apenas podían reaccionar.

La rapidez de la Policía Nacional fue clave. Apenas unos minutos después, los uniformados aprehendieron al menor de edad en flagrancia. El adolescente, de 17 años, portaba un revólver calibre 38 y una motocicleta que pretendía usar para escapar. Los cargos iniciales en su contra fueron homicidio agravado y porte ilegal de armas. El joven aceptó los cargos el 27 de junio.

Pero la investigación no paró ahí. La Fiscalía General de la Nación siguió buscando al responsable intelectual del crimen. Este lunes, judicializaron a Elkides de Jesús Piedrahita Velásquez, alias Richard o Manaty, identificado como presunto cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc. Según la acusación, Richard fue quien ordenó el asesinato. Más preocupante aún: la Fiscalía asegura que él le pidió a su estructura que buscara a un adolescente y le entregara un arma para que ejecutara el crimen. En palabras del fiscal, "debían ubicar a un adolescente y entrenarle una pistola para que ejecutara la acción sicarial".

Richard enfrenta cargos por homicidio agravado, porte ilegal de armas agravado y utilización de menores en la comisión de delitos. A diferencia del joven que fue capturado en el lugar, Piedrahita Velásquez no aceptó los cargos. Un juez ordenó su internamiento preventivo en la cárcel donde ya se encuentra recluido por otra investigación anterior.

El caso refleja la cruda realidad del Norte de Antioquia, una subregión donde la violencia ligada a grupos armados ilegales ha deteriorado dramáticamente el orden público en los últimos años. El municipio de San Andrés de Cuerquia se ha convertido en uno de los territorios más afectados, donde dirigentes políticos como Espinosa se ven expuestos a ataques de estructuras criminales que no dudan en usar incluso a menores de edad para cometer sus crímenes.